La Comisión Europea envió ayer a España un dictamen para pedir la supresión de la exención que aplica a la Iglesia católica en el pago del IVA sobre bienes muebles e inmuebles destinados a actividades religiosas. Así, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, explicó ayer que aunque aún no han recibido una notificación oficial desde Bruselas, están dispuestos a negociar el pago del IVA.

El teólogo alemán Hans Küng, el disidente más significado del papado de Juan Pablo II, también ha terciado en la polémica sobre la ley que regula el matrimonio homosexual en España. En una entrevista publicada en el último número del semanario de información religiosa «Vida Nueva», Küng sostiene que esa norma responde a una «fiebre izquierdista» del actual Ejecutivo.

La Conferencia Episcopal ha intercambiado en las últimas semanas informaciones contradictorias y severos reproches sobre la realidad española a propósito del conflicto de la reforma educativa y también a causa de la financiación que el Estado aporta cada año a las arcas de la Iglesia católica, directamente o mediante subvenciones y conciertos económicos.

La mayoría de los españoles cree que la Iglesia católica (ICR) debe autofinanciarse, según los datos del 'Pulsómetro sobre la financiación de la Iglesia' elaborado por la Cadena Ser.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró hoy ante el Pleno del Congreso que la Iglesia católica disfruta en España de un 'estatus singular', que supone una financiación directa 'e incluso una sobrefinanciación' respecto a lo que los contribuyentes le asignan libremente a través del IRPF.

La Iglesia católica ingresa 600 millones de euros anuales por el cepillo de los domingos. Posee más de 100.000 propiedades inmobiliarias y cerca de 100.000 hectáreas de tierras agrícolas. Las aportaciones del Estado suponen sólo el 30% de su presupuesto.

Los asuntos de la fe de una población que supera los 100 millones de almas, están reflejadas en poco más de 50 mil ministros de una gran diversidad de cultos, que juntos ven el avance de los mexicanos que ya no profesan religión alguna.

407.000 personas, según los cálculos del Cuerpo Nacional de Policía -cifra que los organizadores elevan a 2 millones-, han asistido a la manifestación convocada por las organizaciones de padres católicos contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que actualmente está tramitando el Parlamento. Los manifestantes han pedido con insistencia la dimisión del presidente del Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega ha asegurado que después de “aportaciones generosas” de los distintos gobiernos y de que la Iglesia católica (ICR) “haya incumplido su objetivo de autofinanciación”, las aportaciones a la ICR “ya no pueden ir a más”.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer el fracaso de la negociación que ha mantenido el Ejecutivo con la Iglesia católica sobre la Ley de Educación (LOE) al señalar que no ha habido acuerdo y que lo "ve muy difícil". También se refirió a la manifestación contra el Gobierno del día 12, a la que han convocado algunos obispos, y les requirió que "deben explicarse ante los ciudadanos".

La directora general de Afers Religiosos del Govern, Montserrat Coll, no se mordió la lengua ayer a la hora de expresar, en presencia del obispo de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, la posición del Ejecutivo catalán en materia de financiación pública de la Iglesia católica. "No hay que subvencionar las fes. Las Iglesias tienen que autofinanciarse. Sí ha de recibir apoyo el servicio que presta a la sociedad, como la asistencia social o la conservación del patrimonio artístico", afirmó en la

El anuncio del presidente Hugo Chávez de expulsar a la misión estadounidense Nuevas Tribus logró el apoyo de algunos de sus más encarnizados opositores, entre ellos algunos grupos defensores de los derechos indígenas, catedráticos, cineastas, antropólogos y líderes católicos.

El PSOE está estudiando la presentación de una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dejar claro que el actual sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica con cargo al 0,52 por ciento del IRPF terminará en 2006, suprimiendo de entrada toda posibilidad de prórroga, informaron fuentes parlamentarias. Según el PSOE, esta financiación va contra el artículo de la Constitución referido a la aconfesionalidad del Estado.

Parece que el desencuentro y las diferencias surgidas entre el Gobierno y la Iglesia católica a causa de la reforma educativa, la enseñanza de la religión, la legalización de los matrimonios homosexuales y otros asuntos menores, no son obstáculos para que la Iglesia siga con las manos extendidas y abiertas para recibir el dinero que el Gobierno le regala cada año.

La libertad religiosa en su estado de bendita normalidad, esto es, la no injerencia de la religión en el territorio de la sacrosanta laicidad de los Estados, dista de ser una realidad plenamente conquistada en la Vieja Europa.

La Iglesia católica sigue alejándose del objetivo de la autofinanciación, al menos mientras la fuente principal de ingresos sea el 0,52% de la cuota íntegra del IRPF de los contribuyentes que así lo consignan -de forma para ellos gratuita- en su declaración anual de la renta. Esto también significa que el número de católicos reales no llega al 33% de la población española.

El Gobierno ha fijado, en desarrollo del Acuerdo entre el Estado Español y el Vaticano sobre Asuntos Económicos, la asignación tributaria a la Iglesia católica del año 2006, en 12,02 millones de euros las partidas destinadas a los pagos a cuenta mensuales, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) entregado ayer en el Congreso de los Diputados.

La afirmación la hizo el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, al referirse a la escasez de vocaciones sacerdotales en el país.

El PP y una decena de organizaciones alentadas por la Conferencia Episcopal Española preparan una ofensiva frontal a la ley orgánica de educación (LOE) con una enmienda a la totalidad en su tramitación parlamentaria y con protestas en la calle. La clase de Religión y el empleo de estos docentes, los nuevos conciertos educativos centran el debate.

La recaudación del 0,52% del IRPF que se destina a la Iglesia católica y a otros fines sociales (que es gratuita para los contribuyentes, que se limitan a marcar o no las respectivas casillas sin coste alguno para ellos) descendió en 2003, por primera vez en cinco años.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, declaró ayer que "la Iglesia católica y su jerarquía deben saber que el horizonte es que cada vez más tiendan a autofinanciarse para evitar discriminaciones".

Y la devoción a multitud de santos locales hace que sus santuarios sean mayoritarios en la España católica: el 55%.