Israel ya ha comenzado a aplicar la nueva normativa sobre la prostitución, que se aprobó hace un año y medio en la Knéset (el parlamento israelí) pero cuya entrada en vigor estaba prevista para mediados de 2020. La regulación sanciona a quienes pagan a cambio de servicios sexuales, tanto en la calle como en los lugares hasta ahora utilizados para ejercer la prostitución, como los burdeles.

Los infractores castigados por primera vez se enfrentan a multas de hasta 530 dólares. Una cantidad que se doblará en caso de reiteración del delito hasta el máximo establecido en 20.400 dólares, y que podrá aplicarse en los casos en los que los fiscales lo soliciten.

Según una encuesta publicada recientemente por la Universidad de Tel Aviv, un tercio de los hombres israelíes han pagado por servicios sexuales al menos una vez en la vida, y cerca de la mitad de ellos considera que la nueva ley no les impedirá el seguir haciéndolo. En 2016, el gobierno hebreo aseguraba que en Israel hay aproximadamente 12.000 mujeres ejerciendo la prostitución, el 11% de las cuales son menores de edad y con una media de 5,5 clientes por día.

El debate de la reinserción

Uno de los puntos de especial debate generados por esta ley ha sido el de qué alternativas ofrecer para las personas que se encuentran ejerciendo la prostitución. En este sentido, varios colectivos han presionado a lo largo de los últimos meses para que se retrase su aplicación recordando la necesidad de que el Estado garantice antes mecanismos para su reinserción en la sociedad.

Una petición que han rechazado desde el gobierno. “Las mujeres no son una propiedad y sus cuerpos no están para ser alquilados a ningún precio”, ha señalado el ministro de Justicia, Avi Nissenkorn. “A pesar de la presión, me niego a posponer la ley contra los clientes de la prostitución”, ha remarcado.

Según la prensa nacional, tan solo se ha utilizado el 30% de los 30 millones de séquel que el gobierno había apartado para ayudar a las personas que ejercen la prostitución en su proceso de reinserción. El Ministerio de Trabajo, Servicios Sociales y Asuntos Sociales ha devuelto 7 millones de séquel al Ministerio de Finanzas que formaban parte de un paquete de 22 millones preparados para ayudar a la rehabilitación de quienes ejercen la prostitución y que recibió el año pasado.

También, el Ministerio de Educación recibió el año pasado 600.000 séquel para crear un programa de clases sobre una sexualidad saludable, pero no llegaron a utilizarse, y el Ministerio de Salud ha utilizado medio millón de séquel para elaborar programas para las prostitutas, pero todavía no se ha puesto en marcha ninguno.