El Partido Popular Evangélico de Suiza (EVP, por sus siglas en alemán), ha presentado este mes de junio una moción en el Consejo federal solicitando que se incluya en el Código Penal la explotación en el contexto profesional como una infracción específica. “La explotación de las condiciones de trabajo en Suiza se ha convertido, hoy en día, muy lucrativa en algunos sectores y se tolera de forma tácita. Los expertos dicen que los casos no registrados son muy altos”, ha señalado la presidenta del partido, Marianne Streiff. 

Para Streiff, la legislación actual no puede alcanzar situaciones, dice, de explotación, y apunta, sobre todo, al campo de la hostelería, la agricultura, la construcción y la atención privada y doméstica. “Hoy ya no es necesario recurrir a la violencia para inducir a las personas a participar en condiciones de trabajo abusivas”, remarca. “El reclutamiento ya no es necesario y, por lo tanto, no se puede argumentar la acusación de explotación de seres humanos”, que sí recoge el Código Penal suizo en el artículo 182.

Por eso, señala la líder del partido que cuenta con tres diputados en el parlamento nacional, tipificar la “la explotación laboral” como delito penal separado contribuiría “a que la explotación similar a la esclavitud sea reconocido como injusticia” y a indicar “que Suiza no tolera ninguna explotación”.

[photo_footer]La presidenta del EVP, Marianne Streiff. / Facebook Nationalrätin Marianne Streiff[/photo_footer]

Más facilidad para realizar investigaciones

Según el EVP, la presencia de una cláusula contra la explotación laboral en el Código Penal facilitaría la investigación de estas situaciones por parte de las autoridades competentes. “Un delito penal claramente definido también facilita el trabajo de investigación y la presentación de pruebas. Si está bien diseñado, también promueve la cooperación entre las víctimas en el enjuiciamiento de los responsables”, señalan desde la formación, que ya presentó en 2018 una interpelación en la Asamblea Federal sobre esta cuestión.

“No se trata de criminalizar los bajos salarios o los sectores donde las presiones salariales son altas”, matizan desde el partido. “Un delito debe adaptarse a las relaciones laborales por las cuales los autores se enriquecen con el respaldo de un trabajo mal pagado”, añaden.