El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
El proceso de ‘impeachment’ iniciado en octubre contra el presidente de los Estados Unidos arroja dudas sobre la fortaleza del mandatario a menos de un año de las elecciones.
“No podéis juzgar a un presidente que no ha hecho nada malo”, aseguraba en las redes sociales el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 31 de octubre, después de que la Cámara de los Representantes votase a favor de iniciar el proceso de ‘impeachment’ (o juicio político) que podría acabar con su destitución. “No podéis juzgar al presidente que tiene la mejor economía de la historia de nuestro país. No podéis juzgar al presidente que tiene unos números de desempleo históricos. Nunca ha habido tanta gente trabajando”, añadía.
En realidad, la inexpugnable autoridad del mandatario comienza a mostrar síntomas de debilidad ante la mayoría demócrata que ha conseguido comenzar una investigación sobre la supuesta presión con la que Trump y otros altos funcionarios estadounidenses habrían condicionado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelinski, para investigar al ex-vicepresidente de los Estados Unidos y precandidato demócrata a la presidencia en las elecciones de 2020, Joe Biden.
La Asociación para la Comunicación en Política (ACOP, por sus siglas en inglés), ubica a Trump en el onceavo puesto en su ranking de los líderes más populares del mundo de este noviembre, con una puntuación de 41 sobre 100, lo que supone un 2% menos que la anterior valoración, y muy por detrás de otros mandatarios, como la alemana Angela Merkel (53%), el mexicano Andrés Manuel López Obrador (63%) o el peruano Martín Vizcarra (79%).
EL ‘IMPEACHMENT’, ¿UN MECANISMO DE GARANTÍAS?
En el contexto ibérico, ‘impeachment’ puede aludir a escenarios propio de la ficción dramatizada de series como House of Cards. Sin embargo, es una herramienta legislativa que contemplan otras constituciones, y de diferente manera. Véase el caso de Dilma Rousseff en Brasil, en 2016. “Tanto en Brasil como en Estados Unidos es el Congreso el que autoriza y el Senado el que juzga. A diferencia de la moción de censura, que es la forma de destitución que prevé nuestro sistema, tiene que basarse en cargos graves concretos, por ejemplo la traición. En nuestro sistema, no se requiere una causa imputable sino una mayoría parlamentaria y un presidente y programa alternativos”, explica Eliseo Gómez-Lor, miembro del Consejo Global de Advocates International, una organización internacional de juristas cristianos.
“La posibilidad de prosperar depende de las mayorías de representantes a favor o en contra de la Cámara que deba actuar en cada caso”, remarca, y recuerda que en el caso de Estados Unidos se requiere la autorización de la Cámara de los Representantes, de mayoría demócrata en la actualidad y que ya ha puesto en marcha el proceso, y de dos tercios del Senado, controlado por los republicanos.
Para el analista política de Imparcial Consultores, Olaf Bernárdez, “es un proceso regulado pero con un gran trasfondo político, por lo que el resultado dependerá, no de aspectos legales, sino de cómo se juegue el terreno político, los apoyos que se tengan y si se consigue una mayoría suficiente para frenarlo o conseguir su ejecución”. “El momento es importante en política. Se puede tener mucha información inculpatoria pero no apoyos para poder hacer un uso político de ellos. En el caso contra Trump, había indicios, rumores, algún informe y confesión, pero no del calado ni de la importancia como para que el Partido Demócrata se arriesgara a usarlos con posibilidades reales de éxito hasta ahora”, añade.
“Todo sistema político debería de tener algún sistema para defenderse de mandatarios contra los que se pueda probar corrupción, traición u otros delitos graves. El problema es que normalmente para que prosperen esos mecanismos, el mandatario debe perder la confianza dentro de sus propias filas y eso es muy difícil cuando el que preside el ejecutivo tiene mayoría en alguna de las Cámara que deban decidir”, señala Gómez-Lor sobre el peso que la política juega en este tipo de procesos. “Yo creo que el enjuiciamiento de políticos, en general y en cualquier país, siempre tiene influencia política y más para enjuiciamientos donde se requiere una previa intervención de las Cámaras Legislativas. Los partidarios del justiciable tendrán la tendencia, más consciente que inconsciente a valorar a la baja las conductas negativas y minimizar los cargos, todo lo contrario que los adversarios políticos”, añade el jurista.
COMIENZA LA CAMPAÑA ELECTORAL EN ESTADOS UNIDOS
Precisamente, el primer informe del Comité de Inteligencia que está llevando el caso, una pila de 300 páginas que se ha publicado este martes, ha concluido que “la investigación descubrió un esfuerzo de meses del presidente Trump por utilizar los poderes de su cargo para solicitar una injerencia política en su nombre en la elecciones de noviembre de 2020”. El presidente, ha dicho el responsable del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, “violó el juramento que prestó” sobre la Constitución.
A menos de un año de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, prosigue con aparente tranquilidad su agenda diplomática. “Este proceso es injusto no solo para Donald Trump, sino para el pueblo americano”, ha comentado en las redes sociales.
Sin embargo, y siguiendo el relato de la prensa estadounidense, la campaña electoral y la polarización entre demócratas y republicanos parece haberse avanzado con el ‘impeachment’. “Si se consiguiera la destitución estaríamos en un escenario similar, respetando las diferencias entre ambos países, al de España con la moción de censura por la que el Rajoy cayó. El mensaje de fortaleza, de ser capaz de jugar tus cartas y de demostrar que sabes cuándo y cómo hacerte con la iniciativa política, además de saber ejercerla y mantenerla es fundamental. Podríamos preguntarnos por el electorado de Trump, y en este caso hay que diferenciar aquellos seguidores ‘ultras’ o que en momento alguno van a dejar de votarle, y aquellos cuyo voto fluctúa, habiéndole votado antes, pero que, ahora, tras la destitución, se podrían plantear si seguir votando a un político que no es tan fuerte como se pensaban”, manifiesta Bernárdez, que califica el proceso de “acto de fuerza de los demócratas”.
“En el caso de no prosperar el ‘impeachment’, estamos en un escenario similar. Un escenario donde el Presidente no ha sabido mantener, proteger y usar su iniciativa frente al opositor demócrata, que, aún habiendo perdido, ha sido capaz de demostrar su capacidad y fortaleza”, añade. Suceda lo que suceda, el escenario resultante seguro que tendrá repercusiones en el electorado.
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