Uruguay paraliza ley trans para menores sin el permiso paterno

Los grupos evangélicos han tomado una iniciativa que paraliza un año de tramitación parlamentaria y varios meses de polémica: la ley que pretende proteger las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) pero que ha generado una resistencia inesperada en Uruguay, con manifestaciones, mensajes en las redes sociales y la recolección de firmas contra el proyecto.

Por ello, la llegada de una petición de 40.000 firmas contra estas medidas -una cifra considerable en un país de 3,4 millones de habitantes- ha causado sorpresa y revuelo político, especialmente cuando se supo que personas cercanas a la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, presentaron la petición en el Parlamento.

El colectivo trans, que no llega a mil personas, acusan a las iglesias evangélicas de orquestar una campaña “con tintes religiosos” en el país más laico y con menos creyentes de América Latina; aunque se ve que han minusvalorado su número.

Por el lado parlamentario, la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional, lidera la oposición a la normativa.

La senadora es partidaria de que una ley proteja a las personas trans y reconoce que es una población estigmatizada y vulnerable. En este sentido coincide con la filosofía global de la normativa que sería proteger a un colectivo especialmente marginado -los trans tienen una esperanza de vida de 35 años en Uruguay- y abrir espacios laborales para que la principal opción de subsistencia de estas personas no sea la prostitución.

Pero Alonso, que tiene como aliados varios legisladores evangélicos, se opone al cambio de sexo en los menores y también a medidas de discriminación positiva y reparaciones por los abusos de la dictadura sólo al colectivo trans.

BLOQUEO POLÍTICO… DE MOMENTO

La coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, promueve la normativa, pero ante las protestas, ha decidido suprimir la autorización de las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres. El argumento principal es que en Uruguay tan sólo el 1% de la población trans (tanto adulta como adolescente) se somete a este tipo de intervención.

Sin embargo, el Frente Amplio se resiste a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislación internacional (alineadad con la ideología de género) avala el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes, que no pueden votar en las elecciones políticas pero sí tomar decisiones como el cambio de sexo como en lo referente al aborto.

El Frente Amplio dispone de una mayoría suficiente para conseguir una aprobación de la Ley, pero quiere obtener el mayor apoyo parlamentario y social posible; y que la votación tenga lugar a finales de este mes.

LAS SOMBRAS DE LA LEY

El proyecto de ley uruguayo, actualmente paralizado, propone medidas de discriminación positiva para las personas trans respecto al resto de la sociedad, como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales.

También contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en la sanidad pública de forma gratuita y facilita el cambio de identidad. Además, otorga una indemnización a las víctimas de la represión durante la dictadura (1973-1985), un grupo de unas 60 personas que recibiría una pensión de unos 350 dólares mensuales.

El capítulo más polémico tiene que ver con la autorización del cambio de sexo (tanto hormonal como quirúrgico) para los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oposición del Partido Nacional (centro derecha) ha exigido que se eliminen estas disposiciones.