Los evangélicos en Sudáfrica, satisfechos con la dimisión de Zuma

Sudáfrica no ha podido esperar a las elecciones de 2019 para ver un cambio en la presidencia del país. La presión contra el hasta ahora presidente, Jacob Zuma, se había intensificado durante las últimas semanas. Especialmente por parte del Congreso Nacional Africano, el partido al que pertenece y que cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento, que había amenazado con presentar una moción de censura. Y es que Zuma, uno de los activistas que acompañaron a Mandela desde el principio en la lucha contra el apartheid, está acusado desde 2014 por la Defensora del Pueblo de haber desviado 18 millones de euros de las arcas del Estado para reformar su residencia personal.

El secretario general de TEASA, Moss Ntlha. / TEASA

Este no sería un caso aislado sino que formaría parte de una investigación que se está llevando a cabo contra la familia india Gupta, con poderosos intereses en algunos sectores del país como la minería o la comunicación y que están acusados de interferir en el gobierno estatal a través de maniobras opacas. Se calcula que, en total, hay contra Zuma entre 700 y 800 causas por corrupción archivadas. “Muchos evangélicos en Sudáfrica están satisfechos con la dimisión”, asegura Moss Ntlha, secretario general de la Alianza Evangélica de Sudáfrica (TEASA, por sus siglas en inglés). Ntlha explica que durante la última y séptima votación de no-confianza contra Zuma a lo largo de sus nueve años de gobierno, en agosto de 2017, TEASA participó activamente en la campaña contra el entonces presidente y organizó marchas hacia el Parlamento para pedir la dimisión su dimisión. “Incluso se llegó a leer en el Parlamento un escrito mío pidiendo la renuncia”, remarca.

RAMAPHOSA, UN MILLONARIO, COMO SUSTITUTO

Poco después de que Zuma anunciase su dimisión el pasado 14 de febrero, ya sonaba el nombre de Cyril Ramaphosa, hasta ahora vicepresidente, como sustituto. Ramapahosa es también otro de los líderes destacados en la lucha contra el régimen de segregación racial. Pese a ser uno de los preferidos por Mandela para substituirlo en la presidencia en 1999, el Congreso Nacional Africano optó por otro nombre, Thabo Mbeki. A partir de ahí Ramaphosa se apartó de la política y se dedicó a los negocios, sobre todo al de la minería, hasta llegar a acumular una fortuna superior a los 400 millones de euros, según Forbes. “Su designación es una de las mejores noticias”, manifiesta Ntlha.

Cyril Ramaphosa en la toma de posesión de la presidencia. / Mike Hutchings, Reuters

El nuevo presidente, aunque de forma interina hasta las elecciones de 2019, refleja la situación de Sudáfrica, uno de los países en el que la desigualdad entre las personas en situación de pobreza y los ricos es mayor en el mundo. “Esto se debe”, señala el secretario general de TEASA, “a una combinación de factores históricos de las políticas socioeconómicas del apartheid y también a que el mercado no ofrece ninguna ventaja a los pobres”.

Aún así, desde TEASA mantienen la confianza en Ramaphosa y creen que esta “rápida intervención” por parte del Congreso Nacional Africano puede ayudar a frenar la “espiral de decadencia” que venían observando en el partido. Partido que, por cierto, en los últimos años ha perdido la alcaldías de Johannesburgo, Pretoria y Ciudad del Cabo. A pesar de la euforia no contenida por el relevo, admiten que en el país “hay una falta de liderazgo político” pero, insisten, no por parte de la sociedad civil y de las iglesias que “han provisto de discurso y de moral a ese liderazgo, dicen. “Cyril ha enfocado su discurso de investidura en la Educación y el apoyo a la inclusión de los jóvenes en la actividad económica como pilares para transformar la actual desigualdad”, afirma Ntlha.

A Ramaphosa se le acusa de estar implicado en la muerte de 34 trabajadores de la mina de platino de Marikana, en una carga de la policía en agosto de 2012. Por aquel entonces, el nuevo presidente estaba al cargo de la dirección de la multinacional Lonmin, propietaria de la mina, y ha sido acusado de pedir que se actuase contra los trabajadores a partir de unos correos electrónicos filtrados.