Oaxaca: investigan violación de DDHH de indígenas evangélicos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una queja por la presunta violación a las garantías básicas de los pobladores indígenas que profesan la religión evangélica, a causa de la intolerancia religiosa que prevalece en el municipio de San Juan Ozolotepec, Oaxaca.

El pasado 4 de noviembre, explicó el organismo, el titular del Ayuntamiento ordenó demoler su templo, linchar, encarcelar y torturar a los seguidores de la congregación religiosa. Visitadores adjuntos de la CNDH se trasladaron hasta esa población para entrevistarse con los afectados, así como con las autoridades municipales y estatales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que el fenómeno de la intolerancia religiosa "crece y cobra más víctimas, sobre todo en las áreas rurales e indígenas".

Los usos y costumbres de las comunidades indígenas, insistió la CNDH, "no deben ser la excusa para cometer estos delitos y menos con la intervención de las autoridades locales, tanto civiles como religiosas".

ATAQUE FEROZ Y MANTENIDO
Alfredo Alonso, uno de los agredidos por el grupo de personas afín al edil, y quien junto con sus hermanos Raymundo y Aquiles logró escapar de San Juan Ozolotepec ha declarado que “el munícipe busca perpetuarse en el poder y para tapar sus actos de corrupción no permite que haya ninguna oposición en su contra, por ello ha arremetido contra los evangélicos, a quienes han sido los únicos que lo delatan y a los que ahora señala de traidores y difamadores de Dios”.

El testimonio de Alfredo Alonso estremece: “Por obra de Dios estamos vivos, porque nos golpearon con toda saña utilizando hasta varillas y piedras; y amenazaban con quemarnos vivos tan solo por querer ayudar a nuestros familiares, que son víctimas de un abuso de autoridad por parte de una autoridad municipal intolerante […] el alcalde [ha] envenenado al pueblo, para generar un odio contra todo aquel que no es católico, violentando la ley y la propia Constitución que permite la libertad de creencia de todos los ciudadanos”.

El alcalde, tras apoyar la demolición del templo evangélico, encarceló al pastor Leopoldo Alonso y tres integrantes de la Iglesia cristiana independiente pentecostés de Ozolotepec: Manuel Martínez Silva, Miguel Silva Reyes y Plácido Aragón. Estuvieron encarcelados por tres días, sin haber razón jurídica alguna para ello.

La congregación de Ozolotepec que ha sido agredida es una misión de la Iglesia cristiana independiente pentecostés de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El pastor de ésta última, Sergio Aquino Domínguez, ha solicitado medidas de protección “para la familia del pastor Leopoldo Alonso, a quien la autoridad municipal lo ha despojado de sus terrenos, ha mandado a quemar su vivienda y reprime a sus hijos”.

CARTA AL GOBERNADOR DE OAXACA
Carlos Martínez García, periodista, pastor y escritor evangélico mexicano, ha enviado una carta a Gabino Cué Monteagudo, Gobernador de Oaxaca, en la que le habla de las “atrocidades cometidas en San Juan Ozolotepec (…) un nuevo eslabón de una larga cadena de agresiones simbólicas y físicas en contra de quienes no se identifican con el catolicismo romano.

En el reciente ataque, además, recuerda, hubo heridos y encarcelados. “Los principales afectados fueron los evangélicos que se opusieron a la destrucción de su lugar de reuniones. Anteriormente, bajo el señalamiento en su contra de no cooperar para las festividades religiosas (todas ellas vinculadas al credo católico romano) de Ozolotepec, a los evangélicos se les cortó el suministro de agua potable y el derecho a recibir beneficios de programas sociales federales.

“Quien está cometiendo delitos en su afán de reprimir a los evangélicos es el presidente municipal de San Juan Ozolotepec. ¿El gobierno de Oaxaca a su cargo va a fincarle cargos al munícipe por las comprobadas transgresiones legales en que ha incurrido?” recalca el periodista mexicano

“La presente situación es resultado de la intolerancia violenta desatada contra la comunidad evangélica de Ozolotepec. Pero también es consecuencia de la inacción de funcionarios gubernamentales designados por usted”, a lo que se añade que “ya en abril pasado el pastor Leopoldo Alonso Silva había denunciado las medidas represivas padecidas por él e integrantes de su congregación a manos de quienes les han negado la libertad de cultos. Entonces Alonso Silva, ante lo que consideró permisividad y solapamiento de las autoridades gubernamentales de Oaxaca, particularmente de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Atención a Asuntos Religiosos, demandó la intervención de la Secretaría de Gobernación federal.”

El pastor Alonso Silva denunció el caso en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. También hizo pública su insatisfacción con la “actitud del director de atención de asuntos religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Zavaleta Rojas, quien ha hecho caso omiso a la queja presentada”. Sus palabras de hace ocho meses se cumplieron en todos sus términos: “Nosotros estamos denunciando públicamente lo que sucede, porque pueden llegar a más y queremos que se nos haga justicia, no creemos que por profesar una religión distinta a la católica tengamos que abandonar nuestra comunidad”. Sus perseguidores llegaron a más porque antes quedaron impunes afirma Carlos Martínez García.

La Constitución mexicana defiende la libertad de creencias y su práctica. Al Estado mexicano le corresponde proteger ésa libertad. “Usted, cuando juró como gobernador de Oaxaca se comprometió a cumplir y hacer cumplir las leyes mexicanas y de la entidad de cuyo gobierno está al frente. El caso de Ozolotepec demanda de su parte que cumpla cabalmente con ese juramento. ¿Lo hará, o va dejar en el desamparo a los perseguidos y agredidos?” vonvluye la carta.

Protestante Digital ha escrito al Gobernador de Oaxaca apoyando la carta de Carlos Martínez García.