Se agrava la situación de las familias evangélicas expulsadas en México

Desde hace seis años, los cristianos en Huejutla, Hidalgo (México) no pueden ejercer con libertad sus creencias religiosas, al grado de que han sido apedreados, amenazados de muerte y finalmente expulsados de sus propias tierras por un grupo minoritario de católicos que les exigen pagar cuotas para las fiestas tradicionales.

El pasado 14 de julio fueron expulsadas siete familias de la comunidad «Los Parajes», entre ellos varios niños que no pueden regresar a la escuela, ya que sus padres se negaron a firmar un documento en donde les exigían renunciar a sus creencias evangélicas y sólo «pagar una multa», pues su religión «afecta la tranquilidad de la zona», según sus acusadores.

Desde entonces, las familias duermen en un predio que les presta el Gobierno Municipal encabezado por Alejandro Nava Soto, quien nada ha podido hacer para que los católicos respeten la ley en México que otorga la libertad de credo para cualquier persona.

El problema se «resolverá en breve», a decir de algunos funcionarios, cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Municipio otorguen recursos económicos y materiales para comprar un predio y construir viviendas para los expulsados, lo cual sentaría un precedente negativo para la vida democrática y la sana convivencia entre las distintas religiones que existen en México, pues justificaría las expulsiones en México.

MECANISMOS DE EXPULSIÓN
Este mecanismo de expulsión se practica también en los casos de intolerancia religiosa registrados en Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Jalisco, donde en un principio a los evangélicos se les obliga a pagar aportaciones destinadas a las fiestas locales y en caso de negarse se les corta el suministro de agua potable, de electricidad y son excluidos de los programas de beneficio social.

«La verdadera intención de estas personas es quedarse con las tierras y propiedades de quienes son expulsados, despojándolos de su patrimonio, haciendo uso de la fuerza y amparados en los sistemas tradicionales llamados de usos y costumbres», dice el pastor Samuel Noguera, quien ha apoyado a los expulsados de Hidalgo interponiendo denuncias civiles y penales por estos delitos, las cuales se pierden en oficinas de los tribunales.

«DELINCUENCIA ORGANIZADA»
Para Themis Cortés, Presidenta de la Campaña Permanente a Favor de la Libertad Religiosa, el asunto no se puede resolver de otra manera más que girando orden de aprehensión para quienes violan la ley y sancionando a quienes la quebrantan, «pero hasta el momento no ha sido así».

«Esto se va a acabar cuando se tipifique como delincuencia organizada lo que hacen los expulsadores, porque se confabulan e incitan a la gente para agredir a quienes piensan distinto, y esto es equivalente a organizar a un grupo para quedarse con sus propiedades, lo cual es un delito grave», dice la activista.

HIDALGO: LAS AUTORIDADES NO REACCIONAN
En el caso de los expulsados de «Los Parajes», hay hasta el momento acusaciones en contra Enedino Luna Cruz, Gaudencio Hernández Cruz y Germán Azuara, funcionarios delegacionales, quienes han encabezado los atropellos en contra de las familias indígenas y quienes ya dan por hecho que se quedarán con las tierras de los cristianos.

Es lamentable la actitud del presidente municipal de Huejutla, Alejandro Nava Soto, quien a pesar de conocer el problema ha dicho que «no puede hacer nada», así como del Gobernador de Hidalgo, Miguel Angel Osorio Chong, que se ha negado a recibir a los cristianos para que le expliquen personalmente sus problemas.

Por su parte, los líderes denominacionales de las distintas iglesias en México tampoco han hecho declaraciones al respecto.