Arquidiócesis católica de Oaxaca legitima perseguir a `sectarios evangélicos´

Esta vez, el portavoz de la Arquidiócesis de Oaxaca, José Guadalupe Barragán Oliva, defendió a los indígenas católicos de la comunidad de La Palma, municipio de Ixtlán (Oaxaca) y a las autoridades locales, que agredieron a un grupo de 70 evangélicos por no profesar la religión mayoritaria, calificándolos de «sectas» que pretenden dividir a los pueblos.

LOS EVANGÉLICOS, SECTAS
La periodista Sofía Valdivia, del diario ADN Sureste, entrevistó al portavoz quien señaló que es «legítima la actitud de los católicos», ya que «las sectas sólo se dedican a dividir a las comunidades», así que los evangélicos «primero se meten y luego salen llorando…».

El sacerdote acusó a los evangélicos de «sectas» que lo que buscan es «dividir a las comunidades en nombre de Cristo». Por ello, considera que la respuesta de los católicos «no es intolerancia religiosa, sino es una defensa a un valor suyo que es la dignidad, a su valor y sus costumbres». Además acusó a los evangélicos de moverse «no por una cuestión religiosa, sino por cuestión política».

El pasado 31 de agosto pobladores de La Palma incendiaron el templo cristiano evangélico, quemaron el mobiliario y algunas biblias, al tiempo que prohibieron la entrada o salida de 70 miembros de la congregación pentecostés «Más que Vencedores» del poblado y amenazaron con lincharlos. Barragán Oliva sostuvo que la presencia de «sectas» es un instrumento político que se está utilizando para dividir a los pueblos, «subsidiado por fuerzas económicas».

EL GOBIERNO QUITA PESO A LO SUCEDIDO
Por su parte, el Secretario General de Gobierno en Oaxaca, Mario Alberto Guzmán Castrezana, acompañó personalmente a los evangélicos para constatar los hechos e iniciar una mesa de diálogo en La Palma.

El funcionario declaró al reportero Misael Sánchez, del diario El Tiempo, que efectivamente en la entidad hay 13 casos de intolerancia y persecución religiosa pero aclaró que no se tienen catalogados como «focos rojos» y que era inexacta la denuncia en el sentido de que los cristianos estuvieran secuestrados o privados de su libertad de tránsito, negando lo que afirmaba el pastor local Abraham Velazco Martínez.

«Los cristianos dicen que fueron excluidos de las listas de habitantes de la comunidad, mientras los lugareños y sus autoridades refieren que fueron ellos mismos los que solicitaron ser dados de baja», dijo Guzmán Castrezana al periodista oaxaqueño.

Es muy probable que las denuncias presentadas en Oaxaca por delitos como despojo, daños en propiedad federal, amenazas de muerte, privación ilegal de la libertad, entre otros, quede en la impunidad, como ha sucedido en la mayoría de los casos que se han presentado ante instancias judiciales en Estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán donde los casos de persecución religiosa se han vuelto más frecuentes.