El informe de la Fiscalía General del Estado de España, presentado esta semana en la inauguración del año judicial, muestra un panorama preocupante con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país con la sexualidad, sobre todo entre los adolescentes. El “progresivo e importante incremento” de delitos sexuales, sobre todo abusos, cometidos por menores de 18 años, han llevado al organismo a alzar la voz de alarma.

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Los fiscales no quieren “caer en moralismo alguno”, pero los datos son inapelables. En 2021, los abusos y agresiones sexuales en menores de edad crecieron un 58 % hasta los 2.625 casos, unos datos “que superan con creces a los de los años anteriores”.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García, advierte que sería necesaria “una reflexión como sociedad”.

Las cifras

En 2021, se incoaron 2.625 procedimientos por delitos contra la libertad sexual: 668 agresiones sexuales y 1.957 abusos. Son un 58 % más que en 2020 -año de la pandemia, cuando hubo 1.661- y un 35,7 % más que en el 2019 (1.934 procedimientos).

El número de procedimientos por violaciones, según recoge la Memoria, subió un 22,7 % con respecto a 2020 y un 18,4 % en relación a 2019. Los abusos sexuales cometidos por menores subieron un 75 % con respecto al año anterior y un 42,8 % en relación a 2019.

Pornografía de acceso libre

Los fiscales alertan de la “despreocupación y banalidad con que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes”, de “comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas” asociado a un acceso precoz a la pornografía desde “edades impúberes”.

En algunos territorios, como Madrid, esta situación se ha traducido en un incremento de enfermedades de transmisión sexual e incluso de embarazos no deseado en esas edades.

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Lamenta la Fiscalía que no existan protocolos para impedir el acceso de los menores a páginas web pornográficas. “Ese aprendizaje desviado puede estar contribuyendo al aumento también de delitos sexuales incestuosos”.

Reconoce además que la investigación de estos delitos no es fácil y que no son infrecuentes las sentencias absolutorias por falta de pruebas o por la concurrencia de un “consumo desinhibido de alcohol y sustancias que hace difícil establecer el límite del consentimiento”.

El Ministerio Público también llama la atención sobre “cierta tendencia a la normalización por parte de algunos menores de los contactos online de carácter sexual con adultos a cambio de compensaciones de carácter económico”.