Tras la reciente aprobación de la ley de Libertad Sexual del “solo sí es sí”, el Congreso de los Diputados continúa debatiendo aspectos que afectan a la libertad sexual de las personas. En este caso, a partir de una propuesta del PSOE que se quedó fuera de la impulsada por el Ministerio de Igualdad, pero que se ha acabado configurando como una nueva propuesta que propone la prohibición del proxenetismo.

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Según este nuevo texto, el Código Penal actual no está actuando adecuadamente contra el proxenetismo, permitiendo que se den situaciones de explotación sexual de forma continuada. Es por eso que la modificación propuesta “pretende articular la necesaria respuesta penal, optándose por castigar el proxenetismo de manera general (…) sin exigir la relación de explotación”.

Así, se propone castigar “al que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses”.

El texto añade la penalización del cliente de prostitución, expresando que “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas”. Además añade que se considere víctima de delito a las personas prostituidas.

Debate intenso en el Congreso

Adriana Lastra ha sido la encargada de presentar la propuesta del PSOE en el hemiciclo este martes 7 de junio, donde ha defendido la pertinencia de una ley “feminista” que busca “proteger a las mujeres más desprotegidas”.

[destacate]Lastra: “No habrá igualdad mientras se siga vendiendo el cuerpo de las mujeres”[/destacate]Lastra admitió que para regular una norma de tanto alcance es necesario un acuerdo general, “una propuesta de país. Esta iniciativa tiene cuerpo de ley pero alma de pacto, y queremos trabajar con cualquier grupo que quiera acabar con la impunidad del proxenetismo en nuestro país”, a través de “un acuerdo para un país donde las mujeres no puedan ser compradas, explotadas ni vendidas”.

Ante las críticas vertidas desde posturas liberales, Lastra defendió que “lo que se compra en la prostitución es el sometimiento de una mujer, la desigualdad, y con ello se perpetúa el machismo. No hay libertad en los prostíbulos. Los valores que lo sostienen es el machismo más cruel”.

“No habrá igualdad mientras se siga vendiendo el cuerpo de las mujeres”, expuso Lastra, recordando el negocio que se hace en este país con la prostitución y su estrecho vínculo con la trata. “La explotación sexual es el último residuo del sistema esclavista, algo incompatible con la democracia”, y por eso “es necesario esta iniciativa”.

La portavoz del PSOE expuso el problema en España, “uno de los países con más prostitución en 2021, y donde solo se ha visto una sentencia en contra del proxenetismo ese año”.

“La propuesta supone un cambio enorme para las víctimas de prostitución. Quien diga que el objetivo es otro a perseguir al proxenetismo, miente. Francia y Suecia ya aplican una legislación similar”, apuntó. Es, de hecho, el modelo sueco el que se ha defendido desde diversas entidades y organizaciones que trabajan contra la trata.

El socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, también ha apoyado la propuesta. Su portavoz, Sofía Fernández Castañón ha advertido, sin embargo, que será necesario un desarrollo adecuado de una ley de trata que, anunció, ya prepara el Ministerio de Igualdad. Además expresó su deseo de que la norma que se apruebe busque formas de “desincentivar la demanda” y trabajar para “un pacto de Estado” contra el proxenetismo en la tramitación de la ley.

Apoyo del PP

El mayor apoyo a la propuesta socialista ha llegado del principal partido de la oposición, el Partido Popular, que se ha comprometido a votar a favor de forma clara y contundente.

[destacate]Marta González (PP): “La prostitución no es comparable a cualquier otra actividad laboral. Pretendemos abolirla”[/destacate]“Apoyamos la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, y la prostitución es una forma de violencia”, ha defendido Marta González Vázquez. La diputada popular ha denunciado la “normalización” de la prostitución en la sociedad desde que se abrió la puerta al proxenetismo en 1995. Y advirtió a los opositores que “la prostitución no es comparable a cualquier otra actividad laboral”, por eso “pretendemos abolirla”.

Vox se mostró parcialmente a favor de la norma aunque cuestionó su articulado. María Ruiz Solás admitió que “la prostitución es un mal” pero que en cuestiones morales “nuestro compromiso político siempre pasa por ofrecer recursos y medios” para evitar su desarrollo. “La prohibición por la prohibición no sirve si no ofrecemos alternativas” y pidió medios para una estrategia que ayude a las mujeres prostituidas a salir de este mundo. “Prohibir no servirá de nada si no va acompañada de un plan integral”, expuso la portavoz de Vox.

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Voces diversas en contra

En contra de la propuesta se manifestaron el resto de parlamentarios, representando a distintos grupos minoritarios de tendencias tan dispares como Ciudadanos, Bildu o ERC. Otros, como el PNV o el BNG, anunciaron que se abstendrían.

Sara Giménez (Ciudadanos) explicó que el texto era un “parche legislativo para criminalizar la prostitución” y acusó al PSOE de confundir “trata y explotación sexual con prostitución”, de la que defendió una regularización. Giménez tachó la propuesta de “paternalista” y de partir de “una izquierda puritana” que busca una norma “propagandista”.

Mireia Vehí, de la CUP, intervino también acusando al PSOE de hacer política con las prostitutas y de “dividir al movimiento feminista” con una propuesta que “criminaliza el porno y el trabajo sexual” basándose simplemente en el “punitivismo”.

Este concepto de abordar un asunto complejo desde una perspectiva “solo punitiva” fue un argumento compartido por muchos parlamentarios opositores. Isabel Pozueta (Bildu) dijo que esta era una “cuestión compleja” que requiere mucho más trabajo parlamentario y debate social. “¿Creen que solo por decir que la prostitución no existe, esta dejará de ejercerse? Saben igual que nosotras que no. Las miles de mujeres seguirán ejerciéndola, pero más desprotegidas”, apuntó Pozueta.

En la misma línea se expresó Joseba Agirretxea (PNV) que lamentó que la norma se presente “de prisa y corriendo”, y echó en cara al Gobierno no haber presentado primero “una ley de trata que han prometido y de la que no sabemos nada”. También rechazó el modelo “punitivo” advirtiendo que “no todo lo que no nos gusta debe estar en el Código Penal”.

Pilar Vallugera (ERC) también se refirió a la esperada “ley de trata” y ahondó en la necesidad de “cambiar la ley de extranjería”. “Están blanqueando sus sepulcros”, dijo, acusando de “hipocresía” al PSOE por presentar esta norma sin abordar el problema de forma seria. “Es una falta de respeto a la agencia y libertad de las mujeres” y es de “extrema hipocresía” que “no traigan la ley de trata” antes de abordar el proxenetismo.

La ley sale adelante: comienza el proceso en el Congreso

La ley saldrá adelante, por lo tanto, con el apoyo mayoritario de la cámara, pero con voces muy alejadas en otros asuntos unidos en su contra. Esto hace prever un camino largo de negociación de la norma en el Congreso en los próximos meses, algo que Adriana Lastra admitió que será necesario para llegar a ese objetivo de un “pacto de Estado” en el que también tendrá presencia la próxima ley de trata, que el Gobierno espera presentar en próximos meses.