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El Consejo de ministros ha aprobado este martes un Real Decreto (1158/2021) con el que regula la concesión directa de subvenciones a las minorías religiosas que firmaron los acuerdos de cooperación con el Estado, en 1992.

La decisión corresponde a una recomendación del Tribunal de Cuentas, que en 2017 propuso “modificar la regulación jurídica de las subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia, con el fin de reconducirla a la vía de los procedimientos excepcionales de concesión directa previstos en los artículos 22.2 y 28 de la Ley General de Subvenciones”. 

Con esta medida se garantiza una mayor seguridad jurídica y el cumplimiento de los protocolos de transparencia. El anterior procedimiento, de “concurrencia competitiva”, es decir, el que regula las subvenciones a ONG y entidades civiles, no se correspondía con la naturaleza ni los fines de las subvenciones a las minorías religiosas según los acuerdos de cooperación con el Estado.

El sentido de estas subvenciones está contemplado por razones de interés público y social, según el artículo 22.3 de la Ley General de Subvenciones, y tiene como fin garantizar las acciones necesarias para el cumplimiento del ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa.

El Real Decreto ha entrado inmediatamente en vigor tras su aprobación. Las entidades beneficiarias son la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), que podrá percibir una subvención por un valor máximo de 526.780,35 euros; la Federación de Comunidades Judías de España, con un máximo de 210.712,14 euros; y la Comisión Islámica de España, con un total de 433.130,51 euros.

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Subvenciones para labores de asesoría, formación y divulgación

Desde Ferede recuerdan que están excluidas “las actividades relacionadas con el culto o propagación de la fe de cada confesión”. Es decir, la cuantía de la subvención se otorga para labores formativas y divulgativas.

“Actividades de formación de ministros de culto y profesores de enseñanza religiosa; Actividades de información, comunicación, sensibilización y divulgación que permitan un mejor conocimiento e impulsen el diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí y de estas con la sociedad”, explican.

También entran dentro de lo estipulado por la ley el trabajo de representación ante la Administración y de negociación por el cumplimiento del ejercicio de la libertad religiosa, así como la asesoría legal y administrativa, el apoyo institucional y la coordinación.

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“Nos parece bien que se exijan estrictos controles”

Aunque el gobierno asegura que “la norma queda plenamente justificada por razones de interés público y social”, desde Ferede recuerdan que las minorías religiosas siguen estando sometidas a la Ley General de Subvenciones, con un control estricto en el uso de los fondos, mientras que la Iglesia Católica no está obligada a justificar sus gastos. 

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“Nos parece bien que se exijan estrictos controles que garanticen la adecuada gestión de los fondos públicos, aunque ello contraste con el régimen de financiación de la Iglesia Católica, confesión que no está sometida a ninguno de los estrictos controles a los que sí estamos sometidas las confesiones religiosas minoritarias”, remarcan desde la federación.

Respecto a las subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia conocidas como “Línea 2”, destinadas a las actividades y proyectos finalistas organizados por las iglesias locales, aún no se tiene información oficial, pero desde Ferede consideran que es posible que para esas subvenciones se mantenga el sistema que las rige actualmente.