España ha alcanzado un millón de contagios y la curva del coronavirus sigue sin doblegarse, lo que está llevando a las administraciones autonómicas a tomar medidas más estrictas en muchos ámbitos de la sociedad.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno de Aragón, se incluye la prohibición de cantar en las reuniones celebradas en los lugares de culto. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha escrito al Gobierno de Aragón para pedirle justifique con datos y estudios, si los tienen, la prohibición de cantar en los lugares de culto. En caso contrario, le pide se retire esa restricción tan severa hacia la libertad religiosa, ya que “los cánticos son una parte muy importante del acto de culto de las iglesias evangélicas”.

La prohibición de cantar ha sido prevista en los niveles de alerta 2 y 3 del Decreto-Ley 7/2020 aprobado el 19 de octubre, tan solo aplicable a los lugares de culto.

[photo_footer]Orden de la Autonomía de Aragón respecto a los lugares de culto.[/photo_footer]

En su carta, la Federación evangélica recuerda que “desde que comenzó esta pandemia en nuestro país, tanto FEREDE como el Consejo evangélico han animado a las iglesias evangélicas a actuar siempre con la máxima precaución, con el fin de proteger la salud de todas las personas”.

Asimismo, FEREDE expresa su apoyo a “que se tomen todas las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y el derecho a la salud pública”, aún cuando “ello puede suponer una cierta modulación y restricción de otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa”.

Ferede: el canto forma “parte central” del culto evangélico

No obstante, la Federación evangélica recuerda que “a pesar de todo, la libertad de culto sigue siendo un derecho fundamental, que ha de protegerse y promocionarse, y sus restricciones han de estar debidamente previstas en una norma de rango legal, debidamente justificadas y motivadas, y han de ser proporcionadas y necesarias en el ámbito de una sociedad democrática, teniendo la mínima intensidad y durante el menor tiempo posible (el estrictamente necesario)”.

Por esa razón, FEREDE expresa su preocupación ante “la aprobación de medidas que imponen severas restricciones a la libertad religiosa, que no están siendo suficientemente explicadas o motivadas y que por ello no se acomodan a las exigencias anteriormente expuestas”.

Cree, FEREDE, que “esto pone de manifiesto que las autoridades no siempre están tomando en consideración, suficientemente, la naturaleza de derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto”.

Respecto a la prohibición de cantar en los cultos, concretamente, la Federación evangélica resalta que “los cánticos son una parte muy importante del acto de culto de las iglesias evangélicas. Forman parte central de sus ceremonias y ritos, de la liturgia de su culto, y por ello, su eliminación afecta muy fuertemente a nuestra identidad religiosa, al ejercicio del culto y de nuestra libertad religiosa en su vertiente comunitaria”.

Asimismo, señalan que “hay desconcierto y preocupación en todas las comunidades evangélicas de Aragón, y de toda España, al no entender por qué se prohíben totalmente los cánticos en las celebraciones religiosas mientras que se permiten en otro tipo de actos y eventos sin dificultad alguna, y todo ello sin ningún tipo de explicación o justificación”.

FEREDE observa que “en el propio Decreto-Ley aprobado se deja constancia de que los principales focos de propagación del virus han sido o son las residencias de ancianos, las actividades de ocio y las reuniones o encuentros sociales y familiares sin que se mencione, entre ellos, los lugares de culto”, lo que la Federación evangélica atribuye a que “todas las medidas adoptadas hasta ahora en los lugares de culto vienen funcionando (reducciones de aforo, distancia interpersonal, uso de mascarilla, limpieza y desinfección, etc.).

“Nos cuestionamos por qué se hace necesario introducir una restricción adicional, teniendo en cuenta que afecta de una manera tan importante a la celebración de los cultos religiosos de esta confesión”, señalan, a la vez que lamentan “que no se hayan buscado otras fórmulas alternativas para minimizar el riesgo de contagio durante los cánticos, de tal forma que el impacto sobre el derecho fundamental se minimice al máximo”.

Tampoco se entiende que la prohibición se dirija solamente a los cantos en lugares de culto y no a otros ámbitos. “Si la prohibición de cantar es tan importante para evitar la propagación del virus, entendemos que esta prohibición debería extenderse a otro tipo de actos o eventos tales como conciertos, teatros, actos culturales, bares, escuelas de canto, etc., donde no es extraño que se produzcan cánticos, y no solo en los escenarios sino también entre los espectadores o asistentes”, dicen.

Por todo ello, FEREDE pide al Gobierno de Aragón, en primer lugar, que les informe y explique las razones o motivos que hayan provocado la inclusión de la prohibición de cantar en los lugares de culto, con una exposición de los datos o estudios que justifiquen la prohibición y que ésta solo se imponga en los actos de culto y no en otro tipo de actos o eventos. En segundo lugar, ruegan que, de existir datos y estudios que avalen el riesgo de cantar, se busquen alternativas a la prohibición genérica de cantar en los lugares de culto y que, en cualquier caso, se aplique esta medida sin discriminaciones, con criterio similar que a teatros, conciertos, actos culturales, espectáculos públicos, actividades recreativas, escuelas de canto, etc., donde el canto sea habitual.

Un trato “justo y proporcionado”

Por último, FEREDE pide que, de no existir datos y estudios que justifiquen la prohibición de cantar en los lugares de culto, se elimine tal prohibición.

La Federación evangélica reitera a lo largo del texto su disposición a colaborar con el Gobierno y las autoridades sanitarias en la búsqueda de las mejores soluciones y alternativas, pero se muestra firme en su defensa de la libertad religiosa y de un trato justo y proporcionado. 

En los mismos términos FEREDE se dirigirá al Gobierno de la Comunidad Valenciana, que ha ordenado una medida similar, y prevé hacerlo con todas aquellas comunidades autónomas en las que se aplique esta medida.