España podría incluir próximamente en su Código Penal sanciones específicas contra el proxenetismo y la explotación sexual. Los ministerios de Igualdad y Justicia plantean incluir este punto en la Ley de Libertad Sexual (conocida como ley del ‘solo sí es sí’), que se encuentra en fase de anteproyecto, con el objetivo de “acabar con la impunidad de la industria de la explotación sexual que opera actualmente en España”.

La medida prevé tipificar como delito en el Código Penal “el proxenetismo” en todas sus formas y abre la puerta a la recuperación de la llamada “tercería locativa”, que ya formó parte de la legislación hasta 1995 y que permite castigar a “dueños, gerentes, administradores o encargados generales de los locales, abiertos o no al público, en los que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción”, además de sancionar también a “toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento”.

“Aplaudimos esta medida, pero tiene que ir acompañada de otras que sean integrales”, señala la director de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, en referencia a diseñar un plan con recursos y dotación suficiente para las víctimas de explotación sexual y también desarrollar la Ley Integral contra la Trata, contemplada en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. 

Un texto actual que es relativo

En la actualidad, el artículo 187 del Código Penal castiga con penas de dos a cinco años a quienes “empleando la violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”, someten a otra persona al ejercicio de la prostitución.

Una mención que, para algunas organizaciones abolicionistas y en defensa de los derechos de la mujer, resulta relativa y que puede dar lugar fácilmente a interpretaciones erróneas a la hora de demostrar que se dan esas condiciones de “necesidad o vulnerabilidad”.

“Si no se acaba con la industria del sexo, no se acaba la trata”, señala Mora apuntando a toda la estructura (como la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) que sigue organizando y gestionando el negocio de la prostitución en España, que se ha llegado a valorar en unos cinco millones de euros diarios. “Mueven tanto dinero que les cuesta poco urdir estrategias para infringir la ley”, recuerdan desde la organización Mujeres por la Abolición.

Estrechar el cerco contra los prostíbulos

La inclusión de la “tercería locativa” en el Código Penal estrecharía el cerco sobre los locales de alterne y prostíbulos. De hecho, en comunidades como Cataluña, País Vasco, Murcia o Castilla-La Mancha los gobiernos regionales han decretado el cierre de este tipo de establecimientos durante la pandemia. 

A esto se le añadiría que desde Igualdad y Justicia también observan incluir el proxenetismo “no coactivo”, es decir, no violento, entre las actitudes punibles.

Sin embargo, desde las organizaciones contra la prostitución alertan de una tendencia cada vez mayor de desplazar la actividad a lugares más difíciles de rastrear o de cambiar la apariencia del prostíbulos para continuar ofreciendo prostitución de forma encubierta. “Si se cierran los clubs, pueden permanecer abiertos como bares, aunque en la trastienda hagan otras cosas. Ha habido señores que han salido a pasear al perro, lo han dejado en el piso y allí han contratado el servicio sexual”, remarca Mora. Durante la pandemia, dice, “la industria sexual ha seguido con su actividad”.

Desde la organizaciones contra la prostitución insisten en la necesidad de incidir en la concienciación social contra la prostitución. Entre estas entidades, la red de acción social evangélica Diaconía ha lanzado un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas en el que remarca la necesidad de que el gobierno desarrollo un plan ofreciendo recursos y alternativas para las víctimas de este negocio.