Cuatro décadas después, el puzzle de la Constitución

*Este artículo fue publicado el 6 de diciembre de 2018.

El 6 de diciembre de 1978, Juan Carlos I de Borbón firmaba la ratificación de la Constitución Española después de un referéndum popular que se saldó con un resultado de amplia mayoría a favor del documento. La carta magna había sido aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre. Cuarenta años después, sin embargo, sigue siendo objeto de debate político y social. 

“Salíamos de una dictadura, con una gran presencia del ejército y de la Iglesia Católica, con partidos recién creados y otros históricos que tenían poca implantación dentro del territorio. Con estos mimbres hubo que hacer un texto que fuera de consenso en el contexto en el que estábamos. En consecuencia se dejaron muchos cabos sueltos que debían ser desarrollados por leyes futuras y un texto en el que la interpretación posterior debía definir mucho de aquello en lo que no era posible ponerse de acuerdo en ese momento”, recuerda el secretario general de la Alianza Evangélica Española, Jaume Llenas. 

En esa línea de interpretaciones legales posteriores que matizasen el carácter del texto, dice el secretario general de Ferede, Mariano Blázquez, que “la Constitución Española declara que España es un Estado social y democrático de derecho”. “Esta declaración no es demasiado comentada pero implica que es tarea de los gobiernos la cohesión social, la aceptación de la diversidad y también la corrección de las desigualdades, y todo ello con independencia del grupo político que gobierne”, añade. 

El grupo parlamentario de la UCD, con Adolfo Suárez en el centro, tras la aprobación de la Constitución el 31 de octubre de 1978. / Congreso de los Diputados

La cohesión, no sólo social sino también política, es el gran reto que ha afrontado la Carta Magna a lo largo de sus cuatro décadas de existencia. “En aquel momento nos debatíamos entre la opción de la ruptura democrática con el franquismo y la reforma progresiva”, señala el vicepresidente de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez. “Hoy creo que la ruptura democrática habría sido más difícil, pero a largo plazo más eficaz. Habría permitido un proceso de verdad y justicia, como el sudafricano, que permitiese establecer una genuina reconciliación, y no estaríamos atascados, empeñados en tapar la historia, en vez de dejarla hablar en libertad y desde la verdad, restablecer el perdón y la conciliación”, añade. 

Algunos de esos elementos de ruptura han acabado reapareciendo en forma de propuestas políticas y sociales que han evidenciado la falta de consenso y de renovación en estas cuatro décadas. 

LA CRISIS DE IDENTIDAD NACIONAL

El tratamiento de las diferentes sensibilidades nacionales que conviven en España es uno de los mayores retos que afronta la Constitución. Debates como el que está latente en Cataluña evidencian la necesidad de reanudar la búsqueda de consensos. “La República había reconocido la realidad nacional de Galicia, Euskadi y Cataluña. Al llegar a 1978, en vez de restaurar de forma natural ese reconocimiento, se descafeinó con el ‘café para todos’ promoviendo el criterio de que esas autonomías eran un privilegio, más que el reconocimiento político de una realidad identitaria”, señala Suárez, partidario de un sistema confederado en lugar de centralista. 

“Creo que hemos fallado en un problema histórico, que es que en lugar de hacer una sociedad los unos con los otros, frecuentemente hemos hecho una sociedad los unos contra los otros. Necesitamos más elementos que nos unan. No puede ser que lo único que nos una sea el enemigo interior, no es razonable que a falta de enemigos exteriores tengamos una larga historia de enfrentamientos civiles. Nuestra responsabilidad histórica debe ser la de proveer elementos de cohesión en lugar de elementos de tensión”, manifiesta Llenas. 

EL SISTEM ELECTORAL, UN EJEMPLO DE DESFASE TEMPORAL

Otro de los puntos que ha generado más polémica en los últimos años es el del sistema electoral y su necesaria, o no, reforma. Algunas formaciones políticas se han mostrado a favor de ello, mientras que otras defienden una línea más conservadora en este aspecto. Para el director de Areópago Protestante, Pedro Tarquis, “el sistema político de votos no responde a la fórmula ‘una persona, un voto’ y esto deforma la realidad de los resultados”. Para Tarquis esto se enmarca en lo que considera como una disfunción de la participación política ciudadana. “El partido se constituye en prácticamente la única forma posible de participar en el espacio político, estando la participación ciudadana real limitada casi sólo a sus votos en las elecciones. Los políticos responden ante su jefe de filas, y no ante sus votantes”, lamenta. 

Imagen de la Cámara Baja en 1978. / Congreso de los Diputados

Aunque no cree que la Constitución española “haya fallado”, el analista político de Imparcial Consultores, Olaf Bernárdez, sí ve en el sistema electoral un elemento de la Carta Magna que no ha evolucionado a la par que las necesidades de la población. “Sería mejor, para no forzar en exceso la máquina, realizar un acomodo a la realidad presente de España, que es diferente a la del momento de la creación. La clave de la reforma es un estudio motivado y un consenso indispensable”, afirma. 

LA CUESTIÓN RELIGIOSA Y LA PERSISTENCIA DE DESIGUALDADES

Juan Antonio Monroy, escritor y conferenciante internacional, fue miembro del equipo de personas a quiénes Ferede encargó las negociaciones de los Acuerdos de Cooperación con el Estado, que no se aprobaron hasta 1992, catorce años después de la ratificación de la Constitución, que en su artículo 14 quedaba registrada la libertad de culto. “Después de haber vivido cerca de medio siglo en la intolerancia impuesta por la dictadura política y el nacionalcatolicismo, esto fue positivo”, defiende. 

Sin embargo, Monroy considera que “los protestantes hemos sido y seguimos siendo discriminados ante el Estado”.”La Ley no ampara por igual a un cura católico que a un pastor protestante. La religión mayoritaria tiene privilegios especiales y superiores a la protestante”, añade. 

En la misma línea, Blázquez opina que no es sólo cuestión de modificar la Constitución, sino de llevarla a la práctica. “Muchos de los problemas de la sociedad española no radican tanto en el articulado de la Constitución Española sino más bien en el desarrollo normativo que ha experimentado, que en ocasiones no ha sido satisfactorio. Este es el caso de la normativa sobre Libertad Religiosa. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa es una ley excelente, pero su desarrollo ha sido desigual y discriminatorio, estableciendo diferencias de derecho entre los ciudadanos de diferentes confesiones religiosas”, manifiesta. 

“Ha mantenido las prebendas de la Iglesia católica, dando un estatus preferencial a los españoles de fe católica respecto al resto”, puntualiza Tarquis. 

ESCENARIOS PARA UNA MODIFICACIÓN

Las diferentes voces consultadas para este reportaje coinciden en que el documento podría reformarse. Aunque con matices. En el caso de Monroy, y apuntando exclusivamente al terreno religioso, “hay que pedir la reforma total del artículo 16, donde consta la mención específica y la preeminencia de la Iglesia Católica respecto a las demás confesiones”. “Un Estado que se dice laico no debe, aunque pueda, mantener en el 2018 la confesionalidad católica marcada en el Concordato de 1953 entre España y el Vaticano”, dice. 

Desde Ferede, Blázquez cree que “sí es posible un escenario de reforma y puede que tras 40 años sean convenientes algunos ajustes”, pero se muestra prudente. “Si se obtiene el consenso necesario y se tocan aspectos que afectan a los ciudadanos y a las libertades para ampliar y mejorar su contenido, siempre se corre el riesgo de que, en el caso de la libertad religiosa, termine desnaturalizándose este derecho. Esto debido al contexto político y social actual de tensión respecto a la libertad religiosa. Mi temor es que una eventual reforma no ayude, sino que restrinja o perjudique la libertad religiosa”. 

Representantes de Ferede y del Estado español, firmando los Acuerdos de Cooperación en 1992. / Ferede

A la prudencia también se suma la complejidad de la situación actual. Por eso, Llenas considera que “el contexto actual, más dado a la confrontación y a la polarización no es un buen terreno para las reformas”. “Tocar la constitución en un momento de enfrentamiento sólo puede conducir a que ésta sirva como instrumento que unos utilicen para aplastar a los otros y esto no es lo que necesita nuestro país”, reitera. 

También en el consenso se fija Tarquis, que cree “necesario” e “indispensable” un espacio de modificación del texto constitucional pero no confía en el momento actual. “El escenario no puede ni debe ser el de la crispación política actual. Hay que buscar un mínimo oasis de serenidad y entendimiento para hacerlo”. 

Una desconfianza compartida por el analista Olaf Bernárdez, aunque también defiende una línea de atrevimiento. “Por ahora es complicado dado lo dispar de la situación política actual. Pero eso no quita que se inicie un estudio serio y una voluntad real para buscar el consenso. Muchas veces nos dejamos llevar por lo complicado de las circunstancias, pero nunca se sabrá cómo acabará el camino hasta que no se inicie el mismo. Para una reforma hay que tener visión de Estado, y buscar el consenso”, remarca. 

Y en medio de un ambiente de sensible dificultad y de confrontación abierta, ¿qué se puede esperar de una minoría como la protestante en España? El vicepresidente de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez, opta por trasladar los valores que representen al colectivo a cualquier proceso de transformación que pueda darse. “Las reformas constitucionales no son difíciles ni excepcionales en países de cultura protestante porque hay un alma colectiva que lo facilita. Estas reformas se deben hacer por consenso, no por imposición, con generosidad, no con oportunismo, con talante abierto, no restrictivo, reconociendo los requerimientos de las minorías y encajándolos en los acuerdos generales. Todo esto tiene que ver con los valores y actitudes de las personas y los colectivos”, explica. 

“Mirando el actual panorama espiritual de la población general, no veo las condiciones que permitan una reforma con verdadero espíritu democrático y talante de concentración. Los evangélicos aquí tenemos que ayudar a construir ese espíritu, pero deberíamos empezar por nuestra propia casa”, añade.