Ley anti LGTBIfobia de Madrid divide al PP

Ex dirigentes del PP como Jaime Mayor Oreja y ex diputados y senadores populares como Lourdes Méndez, Javier Puente, Ángel Pintado y Gari Durán han impulsado una petición al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

Todos estos miembros del PP están detrás de las asociaciones que firman la solicitud. Un PP contra otro PP. El más conservador contra el más progresista, que representa la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, o dirigentes de la dirección como el vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto.

Mayor Oreja preside la Fundación Valores y Sociedad en cuyo patronato figura también Gari Durán. Y Lourdes Méndez y Javier Puente son, respectivamente, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana. Durán ejerce de portavoz y Ángel Pintado de tesorero.

A excepción de Mayor se trata de los parlamentarios que se quedaron fuera de las listas de las elecciones del 20-D y del 26-J, por abstenerse o votar en contra de la reforma de la ley del aborto planteada la legislatura pasada por su partido.

Desde su militancia ahora en las organizaciones sociales pretenden llevar al Constitucional la conocida como ley Cifuentes, una norma aprobada por la Asamblea de Madrid en julio pasado, con el voto a favor del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

Las 20 organizaciones que respaldan la petición de inconstitucionalidad al Defensor del Pueblo sostienen que «con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), la Ley Cifuentes aprovecha para imponer una determinada ideología, la ideología de género, como una visión propia y única sobre la persona, la familia y la sexualidad, sancionando a todos aquellos que no la compartan, suponiendo esto un grave atentando contra la libertad».

DIVORCIO ENTRE PP Y PARTE DE SU MILITANCIA

Se trata de una actuación que vuelve a poner de manifiesto el divorcio entre el PP y una parte de su militancia y su electorado y que se evidenció claramente en el cambio de posición sobre el aborto -de prometer una nueva normativa a dar por buena la ley de plazos actual-, que llevó a dimitir al ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Este desencuentro ha generado un intenso malestar en el ala derecha del partido que está lejos de haberse acabado.

De hecho en este espacio meditan la creación de una nueva formación. El debate es si esperar a la redefinición ideológica que se produzca en el próximo congreso del PP, constituirse como corriente interna o crear una nueva formación para las elecciones europeas de 2019, según explican fuentes conocedoras de este proceso.

La tensión que ha generado la llamada Ley Cifuentes en el sector más conservador del PP podría ser sólo el prolegómeno de los conflictos a los que los populares se exponen en esta legislatura, en la que necesitan del auxilio vital de PSOE y Ciudadanos.

Fuentes del PP recuerdan que en el acuerdo de investidura con C's figura también, en el punto 77, «el compromiso de mejorar la protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI, dispensando la protección efectiva a las víctimas de delitos de odio o tratos vejatorios, y recogiendo un mapa de recursos ofrecidos por los distintos niveles de la administración». Una medida, en la línea de la de Cifuentes, y que Mariano Rajoy ha prometido cumplir.