Barcelona World cambia su plan urbanístico

La Generalitat se retracta de su voluntad inicial de permitir construir techo residencial en Barcelona World. Así lo ha mostrado la última propuesta del Plan Director Urbanístico (PDU), presentada este martes por la comisión de seguimiento del propio PDU. El nuevo documento elimina el suelo destinado a construir viviendas y como contrapartida aumenta en 600.000 metros cuadrados el uso hotelero y comercial, concentrándolo únicamente en el frontal que hay entre Port Aventura y la carretera C-31, que une Salou y Tarragona.

Con el nuevo planeamiento, que se pretende aprobar de manera inicial este próximo viernes día 31 de julio, los edificios podrán tener una altura máxima de 90 metros. Además se creará un eje viario entre la autovía A-7 y la carretera C-31, donde se construirán dos rotondas para mejorar el flujo del tráfico y la conectividad. El coste de estas infraestructuras asciende a poco más de 200 millones de euros que, según el presidente del Incasòl (Instituto catalán del suelo), se cargarán a los posibles inversores que pueda tener el proyecto.

El documento también plantea la creación de un parque urbano entre los núcleos de Vila-Seca, Salou y Port Aventura, una zona verde en el frontal sur de la carretera C-31 y un corredor hacia la Acequia Mayor, que es un espacio protegido por un planeamiento de interés natural.

EL PROYECTO, HASTA ANTES DE AYER

La propuesta de PDU que había sobre la mesa, antes de los cambios anunciados este martes, reflejaba un incremento del suelo residencial de hasta seis veces, según defiende la Plataforma Aturem Barcelona World. Lo que provocaba que el metro cuadrado multiplicase por diez su valor respecto hace veinte años, según cálculos facilitados por la diputada en el parlamento de Cataluña, Hortènsia Grau.

Joan Pons, portavoz de la Plataforma Aturem Barcelona World. Foto: J. Soriano

Tal como afirman las voces críticas con el proyecto, la operación respondía a las exigencias que La Caixa había establecido en el contrato que tiene firmado con el Incasòl, por una opción de compra de 155 hectáreas a cambio de 110 millones de euros. “Recordemos que estos terrenos fueron expropiados como suelo rústico”, reclamaba el portavoz de la Plataforma Aturem Barcelona World, Joan Pons.

Tras la reunión del martes, el presidente del Incasòl, Damià Calvet, aseguró que el contrato con La Caixa se cambiaría “para que el PDU sea la prioridad”. La oposición al proyecto, aunque satisfecha en parte con los cambios propuestos sobre el documento urbanístico, defiende que la operación de revalorización de los terrenos para satisfacer un interés privado sigue adelante, aunque celebra que se haya reducido el ámbito de afectación únicamente a las hectáreas dónde se emplazarían los hoteles y casinos. Por su parte, la diputada Grau continúa trabajando para recalcular cómo quedaría el incremento del valor del metro cuadrado con el nuevo planeamiento.

Francesc Perendreu, presidente de la Acencas. Foto: J. Soriano

NINGUNA PALABRA SOBRE EL RIESGO DEL JUEGO

En Catalunya hay 152.557 personas con problemas con el juego, según un estudio encargado por la Generalitat en 2010. La cifra corresponde a un total del 2,7% de la población. “Barcelona World generará un incremento de las patologías en el territorio local”, denuncia el presidente de la Asociación catalana de adicciones sociales (Acencas), Francesc Perendreu. “No creo que el problema sea con la gente de la zona sino con los turistas que vendrán, y en ese caso ya veremos lo que debemos hacer”, declara el teniente de alcalde de Vila-Seca, Xavier Farriol (CiU). Según datos de la Acencas, la media de edad con que las personas se inician en el juego es inferior a los 18 años. “No hay políticas de educación ni subvenciones públicas para ayudar a las asociaciones en sus programas y tratamientos, mientras que el juego genera una presión cada vez mayor sobre la población. En este sentido la Administración Pública vende juego”, denuncia Perendreu.

Actualmente hay tres empresas precalificadas para obtener una licencia de casino. Melco, establecida en Macao y vetada en el estado de Nueva Jersey por estar vinculada con la oleada de crímenes de los años 90 a manos de la tríadas, las mafias chinas; Hard Rock, que en 2013 reconocía en una entrevista a la revista ‘Global Gaming’ obtener unos ingresos netos de 4 billones de dólares al año; y Grupo Peralada, que como propietaria de los cuatro casinos que hay en Cataluña se vería beneficiada por la rebaja fiscal que tendrá el sector desde el momento en el que se construya el primer casino de Barcelona World. Además, su dueño, Arturo Suqué, está imputado por el Caso Casinos, presuntamente por desviar 3.000 millones de pesetas a las arcas de Convergència en tiempos de Jordi Pujol.