El CGPJ pide despenalizar el aborto por malformación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada que encargó a la conservadora Carmen Llombart, y en el que se plantea despenalizar el aborto por malformación del feto.

En un pleno monográfico celebrado este viernes, el CGPJ ha debatido los dos informes que tenía sobre la mesa: el de Carmen Llombart y el realizado por Pilar Sepúlveda, así como las alegaciones que cuatro vocales habían presentado a los mismos. El texto de Llombart fue aprobado con los votos de nueve vocales y del presidente. Por su parte, el de Sepúlveda ha sido rechazado, aunque consiguió el apoyo de ocho votos.

El anteproyecto del Ejecutivo del PP abandona el actual sistema de plazos y circunscribe la interrupción voluntaria del embarazo a dos únicas indicaciones: la existencia de grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer y cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual.

El informe aprobado por el CGPJ por mayoría simple concluye que la constitucionalidad del sistema de indicaciones al que pretende regresar el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya fue resuelta en 1985 y que al CGPJ no le compete “la valoración de la oportunidad del cambio legislativo”, sino que “debe adoptar una metodología estricta y rotundamente jurídica (...), evitando argumentos que sean expresión de las opiniones y convicciones propias de la ponente”.

Principalmente, considera que los supuestos de malformaciones incompatibles con la vida deben ser recogidos como una indicación propia, y no vinculados al riesgo para la salud psíquica de la madre, que es lo que se contempla en el anteproyecto.

PIDEN MÁS APOYO A LA MATERNIDAD
El texto reprocha al Gobierno que no haya incluido “una política de protección y cobertura social” para proteger la maternidad, “potenciar la natalidad” y “reducir los potenciales abortos”. También concluye que es “desproporcionado” que los informes exigidos sean emitidos por médicos distintos de los que practiquen el aborto y que, además, no desempeñen su actividad profesional en el centro en el que se lleve a cabo.

En un tono muy diferente se manifestaba la ponencia de Pilar Sepúlveda, que ha sido rechazada. Pedía la retirada del anteproyecto porque considera que pretende imponer “un modelo moral a costa de los derechos ajenos”, que “criminaliza” a la mujer y que “anula el control por las mujeres de su vida reproductiva, impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres”, entre otras reflexiones, que fundamenta en el derecho comparado y la doctrina de Estrasburgo.

Los vocales propuestos por el PP han conseguido finalmente sumar el voto de la consejera Nuría Díaz Abad, que coincide con el Comité de Bioética en que la despenalización del aborto en los supuestos de malformación es una “norma discriminatoria” y un “enfoque inadmisible de la discapacidad”.