La lucha contra la trata de personas en España prácticamente acaba de comenzar, y no será fácil avanzar sin un cambio sustancial de toda la sociedad hacia este fenómeno ligado principalmente a la prostitución.
Según informaba un
artículo de El País de este domingo, la cifra de condenas por tráfico de personas es notablemente baja: sólo nueve condenas en dos años para un delito del que son víctimas unas 12.000 mujeres, según estimaciones de la Policía.
Las nueve condenas a seis hombres y tres mujeres son resultado de cinco causas que se han resuelto en los tribunales de Madrid y Barcelona desde que entró en vigor el delito. Los condenados trasladaron con engaños a España a cinco mujeres y las obligaron a prostituirse. Dos de ellas eran menores.
Una de ellas, de 17 años, escapó antes de tener que prostituirse en un club. Cuando la Policía le tomó declaración estaba magullada y aterrada. Había llegado a Madrid desde Rumanía, acompañada por su “novio”, según ella creía, que la había engañado con un viaje de vacaciones. Cuando llegó a España, tras falsear su documentación, quiso obligarla a prostituirse.
La menor se negó y él le pegó y la encerró en casa. Cuatro días después de recibir palizas, consiguió escapar y pedir ayuda.
Su destino era un club de alterne, uno de tantos que se encuentran repartidos por toda la geografía española donde miles de mujeres son prostituidas. Miles que son víctimas de la trata de personas, un “negocio” que mueve cinco millones de euros al día en España.
DIFICULTADES
Las autoridades esperan que
las iniciativas desplegadas este año por la Policía para fortalecer la lucha contra la trata de personas vayan teniendo efecto y reviertan en un mayor número de denuncias, aunque desde diversas asociaciones se solicita también una mayor implicación en la protección de las víctimas y en las posibilidades de darles un futuro que no sea la repatriación.
Los fiscales, las organizaciones que trabajan con las víctimas y las fuerzas de seguridad explican que no es fácil sacar adelante los casos.
Las redes mueven mucho dinero, son escurridizas y se aprovechan del pánico de las mujeres. Y, a veces, indica la fiscal decana de Madrid, para sostener el caso solo se cuenta con la declaración de la víctima, que suele ser muy lábil. De ahí la importancia, insisten los expertos, del trabajo conjunto y del apoyo de entidades que, como Apramp —cuyo equipo ha llevado los tres casos de Madrid—, asisten a las mujeres. “Les damos apoyo especializado, alojamiento y les ofrecemos participar en proyectos educativos o laborales”, explica Rocío Nieto, directora de Apramp.
Las mujeres tienen 30 días de reflexión, por ley, antes de ser repatriadas para decidir si colaboran con las autoridades; un tiempo que a veces, apunta Nieto, se queda corto.
“Hace falta un rodaje para que la Administración de Justicia asimile el delito de trata, muy complejo. Pero poco a poco los casos salen adelante”, apunta Patricia Fernández Olaya, fiscal adscrita de Extranjería. Demostrar que una mujer fue captada, trasladada o vendida con engaños por las redes de la trata es difícil. Muchas no quieren testificar contra quienes las han explotado.
Algunas por miedo, otras porque desconocen ser víctimas de un delito. Por eso, en las causas por trata están empezando a tomar fuerza como pruebas los informes psicosociales y los testimonios de aquellos que hallaron y que atienden a las mujeres.
Las organizaciones que, como Women’s Link o Apramp, trabajan en este campo, inciden en que la especialización de quienes se ocupan de este delito es clave. Porque este crimen poco tiene que ver con otros, y requiere complejas investigaciones.
“La trata es la esclavitud del siglo XXI”, define Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de Sala coordinador de Extranjería.
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