La contestada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha sido aprobada este viernes por el Consejo de Ministros. Entre las novedades que introduce la ley está la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la creación de una asignatura alternativa a la religión. Además, ambas asignaturas contarán para el expediente, equiparándose al nivel de las demás materias (como Matemáticas, Historia o Literatura).
Esta modificación en el 'estatus' de la asignatura de Religión hace que las notas que los alumnos obtengan competen para su expediente. Cabe recordar que
el expediente es valorado a la hora de concederse becas o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación. Varios medios de comunicación han puesto el énfasis en que la asignatura no tenía este lugar en la educación pública desde la ley de 1970.
Probablemente sea este el punto más criticado de la reforma, tanto desde la oposición política del PSOE como desde diversas asociaciones de alumnos y profesores.
Ambas materias tienen además un régimen especial ya que se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes.
Otra de las novedades importantes tiene que ver con el paso del curso, que ahora no podrá hacerse con más de dos suspensos, y nunca si las dos asignaturas son troncales o una troncal y una lengua cooficial.
La asignatura de Educación Para la Ciudadanía se diluye en “contenidos transversales” recogidos en todas las materias.
De este modo, quien suspenda, por ejemplo, matemáticas y lengua, o matemáticas y lengua cooficial, tendrá que repetir. Sin embargo, si las suspensas son matemáticas y música, podrá pasar de curso. Si los suspensos son tres, el alumno no promocionará, aunque una de las asignaturas sea Religión, conforme explican las mismas fuentes.
POCO APOYO DE PROFESORES, ALUMNOS Y ASOCIACIONES
Uno de los grupos más críticos con la aprobación de la ley ha sido
el sindicato CSIF (Centro Sindical Independiente de Funcionarios” que ha dicho que la ley “durará lo que dure el ministro” porque nace “muerta” y tendrá poco recorrido, pues ninguna norma prosperará “si da la espalda al profesorado”.
También la Federación de Enseñanza de CCOO ha opinado que el Consejo de Ministros ha hecho “oídos sordos” a las recomendaciones del Consejo de Estado y que el ministro José Ignacio Wert condena a la educación a la “degradación” progresiva por aprobar la reforma con el “rechazo” de toda la comunidad escolar.
En la misma línea, FETE-UGT ha afirmado que el proyecto de Lomce genera “incertidumbre” en aspectos “esenciales” como la educación en valores, la “segregación” educativa por sexos, la memoria económica o la regulación de la escolarización en castellano en CCAA con lengua cooficial, que generará “un conflicto innecesario”.
Escuelas Católicas ha acogido con “frialdad” el nuevo proyecto de ley educativa porque cree que no garantiza la resolución de los problemas del actual sistema educativo y no ha habido “un diálogo productivo en su proceso de elaboración”.
El presidente de Educación Sin Fronteras, Héctor Litvan, ha exigido la retirada de la reforma, ha abogado por un gran pacto social por la educación y ha manifestado que “estamos de luto por la educación”.
Más críticas se centran en la falta de diálogo, como ha expresado la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) que piensa que la ley se aprueba “sin diálogo con la comunidad educativa, sin un diagnóstico previo en profundidad de los problemas de nuestro sistema, sin debate social y, sobre todo, sin voluntad de buscar soluciones compartidas”.
“Estamos – agrega - ante otra reforma educativa de partido, algo nefasto en un país que lleva con ésta siete reformas educativas”, ha comentado esta confederación estudiantil.
A favor de la ley se han expresado asociaciones ligadas al catolicismo, como la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) que valora la ley como un paso “hacia la libertad de enseñanza y mejora de la calidad Educativa, y contribuirá a mejorar la calidad del sistema educativo y reducirá el fracaso escolar”.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) también apoya la ley. “Un cambio sustancial del modelo educativo que venimos padeciendo, un sistema que conducía a un alto e inaceptable nivel de fracaso escolar”, aunque también ha señalado que la ley tiene “carencias”.
EL PSOE DICE QUE LA DEROGARÁ “CUANDO LLEGUEMOS A GOBERNAR”
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, aseguró que de llegar al Gobierno, derogarán la reforma educativa aprobada por el PP.
Valenciano destacó que
la ley “ha sido rechazada por todos: padres, alumnos, profesores, sindicatos y los grupos de la oposición”.
Dijo que de momento no denunciarán la ley ante el Constitucional porque esperan poder trabajarla en el borrador que pasará por el Congreso, pero que si finalmente es aprobada “si gobernamos, cambiaremos radicalmente esta ley”.
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