La Iglesia Católica no sufrirá recortes

Los presupuestos más austeros de la democracia no tocarán directamente a la Iglesia Católica, que recibirá 13,2 millones de euros cada mes del próximo año (unos 249 millones anuales), una cifra similar a la que está recibiendo este 2012.

Dentro de esta partida se encuentra el dinero con el que se paga a la Conferencia Episcopal y los salarios del clero pero no engloban el dinero que el Estado paga a la Iglesia Católica por los colegios católicos, por los profesores de religión, por la rehabilitación de catedrales, por los capellanes o por los servicios sociales.

Desde la asociación Europa Laica calculan que la Iglesia Católica recibe cada año de todas las administraciones públicas (central, autonómica y local) hasta once mil millones de euros, incluyendo la exención del IBI y de otros impuestos municipales.

Los colectivos laicos protestan por la inmunidad de la Iglesia Católica a los recortes. “La única entidad que no sufre ningún recortes es la corporación católica. El Estado podría haber hecho también aquí un ajuste en la misma medida que ha recortado en servicios básicos como Educación, Sanidad y Servicios Sociales” denuncia Francisco Delgado, presidente de Europa Laica.

El mantenimiento de la partida destinada a la Conferencia Episcopal llama la atención en un contexto de recortes que prácticamente han afectado a todas las esferas de la sociedad, entre ellas la reducción de las pensiones de orfandad o el retraso de la entrada en vigor de la norma de mejora de ayudas a las viudas con 65 o más años, como ha informado el diario El País.

Cabe recordar además que las ayudas a proyectos de inserción cultural y social de las que se beneficiaban otras comunidades religiosas a través de la fundación Pluralismo y Convivencia sufrieron un importante recorte en los presupuestos, alcanzando en algunas partidas un 50 por ciento con respecto al año anterior.

CEE: “HAY QUE PROTEGER A LOS MÁS DÉBILES”
Por otra parte, esta mañana la Conferencia Episcopal, por medio de su comisión permanente, ha efectuado una declaración en la que se afrontan dos aspectos de actualidad. En cuanto a la crisis económica, la Conferencia Episcopal considera que “las autoridades han de velar por que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los inmigrantes, arbitrando más bien las medidas necesarias para que reciban las ayudas sociales oportunas”.

Los obispos creen que la situación de crisis está generando “sentimientos de malestar y de desencanto, de irritación y de rechazo ante unas instituciones sociales y políticas que, aun disponiendo de tantos medios económicos y técnicos, no han sido capaces de ordenar la vida en común de un modo verdaderamente justo y humano”.

Se fijan especialmente en “los jóvenes” que sufren “de un modo muy intenso los efectos de la crisis y se ven afectados por la falta de trabajo en porcentajes difíciles de soportar. (...) Por eso, es también comprensible que entre ellos se extiendan, acaso especialmente, los sentimientos de desafección y de rechazo a los que nos referimos”.

Sin embargo, los portavoces católicos entienden que este malestar “debería ser un reclamo a la búsqueda sincera del bien común (...). y no debería ser alimentado como excusa para la promoción de ningún interés político o económico particular, a costa del interés general, tratando de aprovechar en beneficio propio el descontento o el sufrimiento de muchos”.

La Conferencia Episcopal advierte así que “nadie se debería sentir ajeno al peligro de caer en este grave abuso: ni las personas, ni los grupos sociales, económicos o políticos”, para concluir que “gracias a Dios, son muchos los que resisten a la tentación de culpar sólo a los otros o de la protesta fácil”.

El documento también hace referencia al debate soberanista en marcha en el país, declarando que “se debe preservar el bien de la unidad” de España: “propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud”, concluyen los obispos.