Seis países musulmanes patrocinan a las comunidades islámicas de España a veces con el objetivo de controlarlas y casi siempre con escaso discernimiento. Los fondos que envían caen con frecuencia en manos de organizaciones radicales o de individuos sin escrúpulos, informa Ignacio Cembrero en El País.
Un informe secreto enviado el 16 de mayo por el director delCentro Nacional de Inteligencia(CNI), generalFélix SanzRoldán, a los ministros de Exteriores, Interior y Defensa analiza con alarma la financiación y las ayudas que proporcionan
Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Libia y, sobre todo, Marruecos a los musulmanes en España que ya suman un total de 1,2 millones de personas.
El servicio secreto da cuenta en su informe de algunas operaciones puntuales de financiación, como los 300.000 euros que pagó Catar para remodelar elCentro Cultural Islámico Catalán, pero no proporciona cifras globales.
“En su mayor parte se utilizan cauces alternativos para hacer llegar dichas donaciones que escapan al control de los regulares del sistema financiero español”, señala.
Por otro lado, junto con las subvenciones los países del Golfo inundan las mezquitas de opúsculos que irritan a las autoridades españolas. “La Europa de hoy sigue considerando a la raza blanca superior a las de color”, recalca una monografía en castellano publicada por elMinisterio de Asuntos Islámicos de Qatarbajo el título “Muhammad. El Profeta Ideal”. “Europa, con todas sus pretensiones de iluminar y liderar (…) sigue estando por detrás del Islam”, añade.
EL INFORME SECRETO
“Las consecuencias de la financiación derivan en actitudes negativas para la convivencia, tales como la aparición de guetos y sociedades paralelas, tribunales y policías islámicas al margen de la legalidad vigente, desescolarización de niñas, matrimonios forzados etcétera”, señala el documento del CNIal que ha tenido acceso El País.
“No existe suficiente control de los flujos financieros que suponen las donaciones y ayudas que desde otros países se prestan a la comunidad islámica de España (…)”, advierte el principal servicio secreto español. “Se hace necesario que los países donantes sean plenamente conscientes de los riesgos que entraña financiar demandas individuales”.
En el informe del CNI el peor parado es Kuwait.A través de la Sociedad para el Renacer de la Herencia Islámica (RIHS, según sus iniciales inglesas) ha costeado la construcción de las mezquitas de Reus y Torredembarra (Cataluña) desde donde “se difunde una interpretación religiosa contraria a la integración en la sociedad española fomentando la separación y el odio hacia los colectivos no musulmanes”.
La RIHS kuwaití fue incluida en 2008 por elDepartamento del Tesoro de EE UU, y más tarde porNaciones Unidas, en la lista de organizaciones que han financiado a grupos afiliados a Al Qaeda. “El principal beneficiario” de sus ayudas y gestor del dinero saudí en España es, según el servicio secreto, el salafista holandés de origen marroquí Abdelhamid el Hyat. A medio plazo la RIHS proyecta abrir una delegación en España.
Catar,en cambio, se inclina por donar a la Liga Islámica para elDiálogo y la Convivencia en España “vinculada con los Hermanos Musulmanes” de Siria, según el CNI, que controlan, por ejemplo, elCentro Cultural Islámico Catalán.
Sharjah, integrado en los Emiratos Árabes Unidos, tiene, en cambio, preferencia por los conversos españoles reagrupados enAl Morabituna los que costeó lamezquita Albaicínde Granada y está dispuesto a ofrecerles otra en Sevilla.
El líder libio
Moamar el Gadafi también ha mostrado, cuando aún disponía de medios, predilección por los conversos españoles agrupados en la Junta Islámica de España. Con su presidente, el psiquiatra radicado en Córdoba Francisco José Escudero, que adoptó el nombre árabe deMansour, fallecido en octubre pasado, estableció una “relación personal”, según el CNI.
Ni que decir tiene que el más generoso es
Arabia Saudí. A las donaciones directas de la familia real se añaden las de suEmbajada en Madridy de un sinfín de asociaciones benéficas más o menos oficiales. La retahíla de mezquitas y centros receptores de sus ayudas “no se caracterizan por su elevado nivel de radicalismo”, según el CNI, aunque su “sumisión” a las directrices saudíes es total.
No solo los radicales se aprovechan de la generosidad del Golfo sino también individuos que se otorgan “una representatividad impropia” y llegan incluso a “apropiarse de forma indebida de los fondos obtenidos”, advierte el CNI. Por eso algunos viajes a la zona para recaudar subvenciones “se hacen en el más absoluto secreto y sin conocimiento” de la comunidad islámica en cuyo nombre se piden. Si se consiguen no siempre sirven al fin declarado por el que las solicitó.
MEDIDAS PREVENTIVAS
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, acompañado de una nutrida delegación de funcionarios de Exteriores, Justicia e Interior, citó hace cuatro meses en el palacio de Parcén a los embajadores del Golfo a los que pidió su colaboración para poner orden en la financiación del Islam en España. “Todos ellos se mostraron receptivos”, asegura José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que asistió al encuentro.
En esa reunión se les entregó un folleto titulado “Sistema de canalización de fondos para el apoyo a los proyectos de las comunidades islámicas de España”. En él las autoridades españolas explican en tres idiomas (español, inglés y árabe) cómo les gustaría que se encauzase el envío de los fondos del Golfo. Bahrein es el único que nunca hizo donaciones.
El Gobierno quiere que las ricas monarquías petroleras costeen proyectos presentados por las comunidades musulmanas a través de la Comisión Islámica de España (CIE), el interlocutor oficial que está en plena transformación para ser más representativo. Solo las solicitudes aprobadas por la CIE serían susceptibles de ser financiadas por el Golfo.
La intención del Gobierno es, sin embargo, acabar a medio plazo con la injerencia extranjera. “El derecho y la gestión de la libertad religiosa de los españoles, sea cual fuera su creencia, no puede estar supeditada a ningún país extranjero”,señalaba un informe conjunto de los ministerios de Justicia e Interior elaborado en 2009 y que no se sabe si incluirá al Estado Vaticano en esta afirmación. “(….) la vida cotidiana de las comunidades y su financiación deben de tener una política propia española y no permitir injerencias, aunque se podría producir un espacio de tránsito”.
En el folleto entregado a los embajadores de la zona del Golfo se insiste también en que, junto con la ayuda directa a las comunidades musulmanas, sería bueno financiar, por ejemplo, un grado en ciencias religiosas; la formación del clero; libros de texto de religión redactados en España; guías de gestión de servicios públicos para musulmanes; retribución del personal religioso; iniciativas para la normalización del Islam en la prensa etcétera.
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