La Alianza Evangélica Española denunció los numerosos casos de persecución religiosa que se viven en México. Esta institución envió una carta al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en la que exigía que se tomaran acciones claras por parte de las autoridades mexicanas a fin de proteger los derechos humanos de los protestantes perseguidos en Chiapas. Este acto de denuncia ha tenido repercusión en varios medios de comunicación del país.
El sociólogo, e investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano, Carlos Martínez Gª ha explicado que la carta de la Alianza debería ser tomada con seriedad por las autoridades mexicanas y por la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, a quien Carlos Martínez define como “ultracatólica”.
CRÓNICA DE UNA PERSECUCIÓN ANUNCIADA
Varios periódicos mexicanos se hicieron eco de la denuncia de la Alianza Evangélica Española, entre ellos La Jornada, que fue uno de los que más espacio concedió a la información. El periodista encargado de la sección de religión, José Antonio Román, hizo una correcta exposición del contenido de la carta.
Según refiere el sociólogo mexicano (amigo de Carlos Monsiváis) que ante los agresores los distintos niveles de gobierno –municipal, estatal y federal- con frecuencia echan mano de mecanismos conciliatorios, en los que tratan de convencer a los perseguidores de que cesen sus actos, y al mismo tiempo advierten a los agredidos de que hagan todo lo posible por no provocar a quienes les agreden.
Ante esta actitud de “reconciliación” sin búsqueda de justicia real opina Martínez que ejercer derechos garantizados por la Constitución mexicana, y por los tratados internacionales signados por el gobierno mexicano, “de ninguna manera puede ser tomado como un afán de provocar a los negadores de esos derechos”. Entiende Carlos Martínez que los funcionarios gubernamentales pasan por alto que no hay un enfrentamiento, sino que “nítidamente una parte es la perseguida y la otra es la persecutoria. En tales circunstancias a la autoridad respectiva le corresponde aplicar la ley, ni más ni menos”.
Así, lo cierto es que se trata de un caso de intolerancia religiosa, como dice el experto mexicano: “En Chiapas, a mediados de los sesentas del siglo pasado, iniciaron los actos violentos contra los indígenas evangélicos, preponderantemente en Los Altos de Chiapas, y con alta incidencia en el municipio de Chamula. Pero en los últimos años, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, de finales del 2006 a la fecha, es en los estados de Guerrero y Oaxaca donde han tenido lugar más actos de intolerancia religiosa contra los protestantes”.
INDIOS PROTESTANTES EJEMPLARES
Además, el sociólogo cuenta que a pesar de haber sido “desdeñados por innumerables personajes y organizaciones no gubernamentales que han desfilado por Chiapas desde hace década y media, tal vez porque les consideran indígenas religiosamente incorrectos, los indios protestantes han sido pioneros en la defensa de los derechos humanos”. Estos fundaron el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas cinco años antes de que el obispo católico Samuel Ruiz gestara, en 1989, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
El pormenorizado recuento de una publicación solidaria con los perseguidos consigna que entre 1966 y fines de 1993 fueron expulsados de sus poblados originales, en Los Altos de Chiapas, casi 34 mil indígenas. De esa ominosa cifra prácticamente el 90 por ciento fue exiliada forzosamente de Chamula por el caciquismo tradicionalista.
“El Estado mexicano tiene la responsabilidad de actuar para que donde tengan lugar actos persecutorios en detrimento de la integridad de los hostigados por su confesión religiosa, se hagan valer las leyes y sean sancionados los transgresores” –exige Martínez.
MULTIMEDIA
Pueden leer aquí el artículo completo de Carlos Martínez García titulado “
La Alianza Evangélica Española y los perseguidos en México” en Protestante Digital.
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