Pido los derechos de jubilación que le concedieron a mi padre

Mi padre fue oficial del ejército de la República durante la guerra civil. Estuvo al mando de una compañía de telecomunicaciones.

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Mi abuelo había pertenecido a lo que hoy llamamos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fue carabinero. Al fallecer mi abuelo, mi padre fue acogido en la escuela para huérfanos de carabineros de San Lorenzo del Escorial. Fue debido a esa formación que cuando estalló la guerra civil, tras la oportuna formación complementaria, accedió a su grado de oficial. 

Con la llegada de la democracia algunas cosas se hicieron bien. En este caso se hicieron de tal manera que cuando se jubiló mi padre no solamente le habían ascendido de grado en su carrera militar, sino que se jubiló con dos pensiones. La que le correspondía como funcionario y la que le concedieron como antiguo militar del ejército de la República. Sin tener que pagar de su propio bolsillo su segunda jubilación.

El hijo de mi padre, es decir: yo, estoy al servicio de la Iglesia (protestante) desde los 17 años, excepto por un periodo de siete años en los que solamente trabajé como profesional. Durante años y años no pude acceder al régimen general de la Seguridad Social por ser pastor protestante. En un momento dado, un grupo de jóvenes pastores nos pusimos de acuerdo para lograr que entráramos en la seguridad social como “profesores sin academia”. Tras mucho debate interno, lo conseguimos. 

Todavía lamento que, con tanto traslado que he tenido de una oficina a otra, no encuentro la carta en la que la Seguridad Social me notificaba que me expulsaba del sistema porque habían identificado que era Pastor.

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Al tratar de jubilarme, a la edad correspondiente, con el 100% de mi jubilación, la respuesta que he encontrado del Estado es que si quiero tener ese derecho debo poner dinero de mi bolsillo.

¿Es que en esta democracia el hijo de mi padre tiene menos derechos por ser protestante?

Es la única respuesta que se me ocurre, porque no se trata de dinero para el Estado, porque además de que somos muy pocos los que nos encontramos en esta situación, estamos hablando de importes mucho menores de lo que significó cubrir las jubilaciones de los oficiales de la República. Hasta hoy, con tantos años de democracia, el Estado no ha sido capaz de resolver esta cuestión sin pedirnos dinero a cambio. 

Mi pregunta es muy sencilla: ¿Por qué quiere el Estado hacerme pagar de mi bolsillo, lo que falta para jubilarme con el 100% por los años en los que me impidió cotizar, en lugar de ser justo como lo fue con mi padre?  

Mi argumento es muy claro: si ya tengo dinero para complementar el coste de mi jubilación, ¿Por qué tengo que dárselo al Estado para que me cubra hasta llegar al 100% de mi pensión? ¿Y si no lo tengo? ¿En ambos casos, no sería más justo que el Estado se hiciera cargo de ese importe como lo hizo con los oficiales republicanos?

¿Nos están discriminando?

A las pruebas me remito. Una vez más, este Estado demuestra que no funciona para las minorías disidentes.

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Sólo pido los mismos derechos de jubilación que le concedieron a mi padre. Hasta ahora la única respuesta que hemos encontrado del Estado es la de practicar aquella vieja política de esperar que el paso del tiempo termine solucionado la cuestión planteada.

¿Les suena?