Los hilillos de justicia en el Prestige

La sentencia del caso Prestige nos ha dejado a todos boquiabiertos, perplejos o inidignados; nadie la ha apoyado, ni los que más se han beneficiado de ella. La independencia de poderes es uno de los pilares de la democracia y el poder judicial debe estar libre de la presiones para ejercer su función con objetividad y profesionalidad; en este sentido, es posible que algunas sentencias resulten inexplicables para el lego, pero tengan una justificación en términos jurídicos.

Pero el caso Prestige llueve sobre las incomprensibles sentencias similares de otros desastres como los del Urquiola, el Mar Egeo o el Cason; llueve sobre la reciente resolución judicial sobre los responsables de ADIF en el accidente de Santiago; sobre la sentencia del accidente del Spanair y sobre la ausencia de inculpación del responsable del juzgado que no tuvo diligencia para evitar que el asesino de Mariluz Cortés siguiese en libertad hasta matarla.

Otro pilar de la democracia es la obligación de los poderes de responder ante la sociedad de sus decisiones y actos. Pues no acabamos de ver cómo el poder judicial responde ante la sociedad; pretenden hacernos ver que independencia es intangibilidad, y en democracia ningún poder es intangible porque todos tienen que responder.

Ante la sentencia del Prestige la sociedad civil tiene derecho a reclamar respuestas: ¿Cómo es que sólo tres personas fueron juzgadas? ¿Cómo las navieras y sus aseguradoras salen impunes? ¿Cómo sólo un miembro de la administración se sentó en el banquillo? ¿Cómo es que nadie es culpable de tanta negligencia?

Y jamás se ha dado respuesta a otras preguntas que reclaman cuando menos responsabilidad política: ¿Recuerdan la temeraria irresponsabilidad del presidente de la Xunta, el Sr. Fraga, que se fue de caza y desde allí pidió hundir a cañonazos el barco? ¿Y es posible mentir y no pagar el precio político por ello? ¿Recuerdan las descaradas mentiras del gobierno español de entonces, que nos decía primero que no había peligro de marea negra, para después definir el desastre como hilillos en proyección vertical?

El delegado del gobierno declaró entonces que el chapapote se iba a quedar solidificado sin peligro en el fondo: “el destino del chapapote”, dijo, “es convertirse en adoquín”; me permití entonces escribir: “y el destino del adoquín es convertirse en delegado del gobierno”. Entretanto, el gobierno negó medios a los pescadores y a los voluntarios y fue la sociedad civil la que asumió la responsabilidad de enfrentarse al drama apoyada en la inmensa solidaridad cívica que vino de todas partes. ¿Y nadie paga el precio político?

¿Y quién pagará el enorme precio económico del desastre? No mire usted para alrededor, porque lo pagaremos usted y yo, los mismos que hemos pagado el rescate de Bankia.

Si el poder judicial quiere seguir manteniendo el respeto de la sociedad civil, debe haber explicaciones a esta sentencia, aunque sólo sea para decir que después de mucho indagar no hay posibilidad técnica de demostrar los sujetos o instituciones responsables; tendrán que explicarnos entonces cómo es que para eso se necesitan once años, porque nos queda la impresión de que “los montes parieron y salió un minúsculo ratón”.

Este tipo de sentencias nos deja la sensación de que no podemos confiar en la eficacia de la justicia y genera dudas sobre su real independencia. Nos reafirma además en nuestra convicción de que hay actuaciones que pueden ser legalmente inimputables, pero suponen culpa y responsabilidad moral y política; y no pueden quedar sin pagar, porque estaremos dando un claro mensaje: se puede navegar temerariamente y ahorrar en seguridad, que al final no pasa nada; se puede mentir, tomar decisiones políticas irresponsables y esconder la cara ante las consecuencias, que sale políticamente barato.

No; al poder político y a la independencia y rigor del poder judicial se le debe exigir otra cosa: una real responsabilidad ante la sociedad civil para así ganarse el respeto de todos nosotros.

Nuestros jueces deben volver a leer la Biblia: “No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo”[1].

En este caso se hace patente la pertinencia del texto “la labor de la justicia [será] reposoy seguridad para siempre”[2] porque, en efecto, una justicia justa, la que no se inhibe sino pone en su sitio a cada responsable, reducirá significativamente las posibilidades de que los modernos piratas vuelvan a poner en riesgo nuestras costas y los políticos sean conscientes de que antes o después tendrán que rendir cuentas de sus actuaciones.

“La justicia engrandece a la nación”[3], llena de contenido a la democracia.