De viaje en Chiapas, particularmente en las zonas de los pueblos originarios, me comunicaron sobre un caso de persecución contra católicos por parte de evangélicos. Los días previos a tal noticia los había dedicado a visitar y entrevistar indígenas protestantes que padecen distintos grados de intolerancia, sobre todo por parte de católicos tradicionalistas. El resto de mi estancia en tierras chiapanecas, día y medio, lo dediqué a recabar información sobre el ejido Puebla, localizado en el municipio de Chenalhó.
Antes de ahondar en el caso de Puebla, comentó que
la información inicial me causó extrañeza. Era la primera vez que yo leía en medios nacionales y chiapanecos sobre evangélicos que perseguían a católicos. Desde que comencé a escribir acerca de hostigamientos y persecuciones por motivos religiosos la constante había sido que las víctimas eran de confesión evangélica.
Mis primeros artículos acerca de la temática fueron publicados en el antiguo
unomásuno, con los títulos “¿Existe persecución religiosa en México?” (11/X/1990); “Indígenas protestantes: ¿agentes del imperialismo?” (18/X/1990). Ambos escritos están compilados en mi libro
Intolerancia clerical y minorías religiosas en México (Casa Unida de Publicaciones, 1993).
A partir de los anteriores artículos buena parte de mi producción en el periodismo de opinión, ensayos, libros propios y colectivos, así como en conferencias y ponencias, se ha ocupado de la intolerancia simbólica y física contra los protestantes. Mi artículo más reciente lo escribí mientras estaba en Chiapas, y en él me ocupo de la represión que sufren en Oaxaca indígenas evangélicos cuicatecos por parte de la mayoría católica en San Francisco Tutepetongo, población que pertenece al municipio de San Juan Bautista Cuicatlán (
“Oaxaca: el costo de ser diferentes”, La Jornada, 21/VIII/2013).
La nota informativa que me hicieron llegar era sobre la situación en el ejido Puebla, al mismo tiempo que su remitente preguntaba mi opinión, decía, entre otras cosas, que los evangélicos de ese poblado habían retenido al párroco católico de Chenalhó, Manuel Pérez Gómez, agregaba que fue “amarrado y amenazado con rociarle gasolina”. La reportera Paris Martínez consignaba como fuente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Varios medios nacionales y de Chiapas incluyeron la versión que primero conocí por la nota del sitio Animal Político.
Uno de los beneficios de mis múltiples viajes y estancias en Chipas ha sido establecer contactos, y en muchos casos amistad, con personas de distintos trasfondos religiosos, culturales, políticos y sociales del amplio mundo indígena chiapaneco y/o con personajes que sin ser indígenas están ligados al acontecer de los pueblos originarios de la entidad. Por ello pude hacerme un panorama más claro del contexto del conflicto en la población localizada en el municipio de Chenalhó.
En el ejido Puebla entre 90 y 95 por ciento nose identifica confesionalmente con el catolicismo romano. Son presbiterianos, bautistas, adventistas y de distintas iglesias pentecostales. La pequeña comunidad católica es atendida por catequistas y mediante visitas del párroco de Chenalhó, Manuel Pérez Gómez, de origen tzotzil (consigno que paulatinamente se usa más tsotsil, lo que haré de aquí en adelante).
Para conocer con mayor detenimiento los antecedentes del asunto es muy útil la serie que ha comenzado a publicar el experimentado especialista en la cultura indígena de Los Altos de Chipas y activista social y político Gaspar Morquecho. La primera parte ha sido publicada en
Mirada sur. Gracias a la generosidad de Gaspar tengo una copia de las cuatro partes, de las cuales las tres restantes serán publicadas en las próximas semanas. En su trabajo el autor da pormenores de lo que inicia llamando “un añoso conflicto de muchas aristas”. Proporciona una cronología y comenta con conocimiento de causa los orígenes y resultados de varios acontecimientos que han conformado el escenario actual en el que está inserto el conflicto de Puebla.
La última espiral se desata cuando la comunidad católica inicia la reconstrucción de su deteriorada ermita. Las autoridades del ejido Puebla, de filiación presbiteriana, por decisión mayoritaria de la asamblea ejidal, impusieron sanciones a los católicos por no haber solicitado permiso para la nueva edificación. Además de ordenar la destrucción de la misma, les expropian una parte del terreno donde se localiza la ermita y les impusieron otras restricciones que les dificultan llevar a cabo sus actividades de culto y catequísticas.
Desde el punto de vista de las autoridades del ejido las sanciones son administrativas y democráticas, ya que fueron avaladas en asamblea. Argumentan que las medidas no fueron tomadas para perjudicar a los católicos y católicas, sino para resguardar el orden dentro del ejido. El problema es, considero, que han olvidado que en otros tiempos y en otros lugares los evangélicos debieron enfrentar similares patrones asambleísticos: la mayoría, normalmente católica tradicionalista, imponía a los evangélicos cooperaciones forzosas propias del santoral católico, y de no hacerlo dejaban caer sobre ellos y ellas distintos tipos de castigos. Entre ellos cortes de servicios (agua, luz, etc.), multas, golpizas y, finalmente, expulsiones.
Desde el punto de vista de la minoría católica se trata de persecución religiosa, porque las sanciones en su contra han sido dadas para dificultarles la libertad de credo y culto. Si en casos similares padecidos por los evangélicos indígenas chiapanecos he sostenido que fue la disidencia primera, la religiosa, la que dio origen a otras disidencias con la asamblea mayoritaria, entonces en el caso de los católicos del ejido Puebla hay que hacer caso a lo que éstos caracterizan como un conflicto ligado a su confesión religiosa.
La actitud de algunos presbiterianos en Puebla muestra continuidad con un modelo de organización cultural que cruza lo religioso, político y económico: el de la asamblea que no reconoce los derechos de las minorías, sino que las “mayoritea”, negándoles el ejercicio de creencias y prácticas que retan la identidad de la mayoría. Tiene razón Gaspar Morquecho cuando afirma que “los cristianos
no católicos actuaron exactamente igual que los “tradicionalistas” caciques de San Juan Chamula”, y yo agrego, igual que los expulsadores de evangélicos de otros municipios, Altamirano, Comitán, Las Margaritas, Ocosingo y Zinacantán, entre otros.
Precisamente este es el problema, que grupos sociales que sufrieron intolerancia, incluso asesinatos, cuando son mayoría comiencen a comportarse como sus anteriores perseguidores. Han olvidado un precepto bíblico que deberían tener en gran estima y práctica: el ordenamiento de no repetir el ciclo de opresión del que fueron víctimas (Éxodo 22:20, Deuteronomio 24:17-18).
Todo se polarizo todavía más cuando las autoridades de Puebla acusaron a tres personas de haber puesto veneno en un depósito de agua que surte al poblado. Los señalados fueron Mariano Méndez y Luciano Méndez, ambos católicos y pertenecientes a las bases de apoyo zapatistas, y Juan López, de filiación bautista. El 20 de julio, coinciden varios testimonios, los tres fueron amarrados y duramente golpeados, para después ser entregados en San Cristóbal de Las Casas a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena. El ya citado Gaspar Morquecho consigna más datos del suceso en la segunda parte de la serie que hemos venido citando.
Las autoridades sanitarias de Chiapas no hallaron veneno alguno en las muestras que lograron levantar. Sin embargo el sector de la población evangélica que más animadversión ha manifestado contra los católicos sigue afirmando que sí hubo ese envenenamiento, ya que algunas personas presentaron malestares que atribuyen a haber ingerido agua maligna. ¿Estaremos ante un episodio de sugestión colectiva, en que alguien se enferma y después otros y otras presentan los mismos síntomas?
El caso llegó a un punto muy álgido el 21 de agosto, cuando un grupo de jóvenes de familias evangélicas agredió física y verbalmente al párroco de Chenalhó, Manuel Pérez Gómez, y acompañantes, entre ellos Javier García Mendoza, operador político de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Chiapas.
El párroco fue recluido en un baño. La explicación dada por quienes ahí lo pusieron es que fue para protegerlo de sus agresores. Acción difícil de aceptar y darle credibilidad, pero que consignamos porque así la explicaron en el bando evangélico. Dos días después, el 23, todavía quedaban marcas de los empujones y jaloneos en el cuerpo de Javier García. Lo cierto es que el párroco católico padeció una retención ilegal y violatoria a sus derechos humanos.
Corrió la versión de que Manuel Pérez Gómez fue amarrado y amenazado de ser rociado con gasolina.
Así lo consignó en un primer comunicado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. La versión fue difundida ampliamente en distintos medios. Yo entrevisté a personas que estuvieron en el lugar y la hora de los hechos, que no son parte de los agresores sino que incluso fueron agredidos. Coinciden en que el grupo hostil estuvo conformado casi exclusivamente por jóvenes de familias evangélicas, que hubo amenazas verbales, empujones y jalones violentos; pero que el párroco no fue amarrado ni rociado con gasolina. De todas formas lo que le hicieron es violatorio en términos jurídicos y humanos.
Anoto que en un posterior comunicadoen el cual se detalla más lo acontecido, el Fray Bartolomé ya no menciona que Manuel Pérez Gómez hay sido amarrado y amagado con rociarle gasolina. Parece que con más elementos informativos dicho Centro decidió ya no propagar la primera versión.
Es claro que la mayoría presbiteriana está incurriendo en acciones intolerantes y persecutorias. ¿Responden ellas a una estrategia más amplia, acaso a un plan bien delineado de contrainsurgencia, dado que los católicos hostigados se identifican con las bases zapatistas? Me parece que la respuesta es no, que los agresores son movidos por agravios previos que, afirman, padecieron por parte de católicos y la suya es una especie de venganza.
Lo explica bien Gaspar Morquecho:Es común que nuestro marco de análisis nos lleve a concluir estas confrontaciones se deriven de la estrategia de guerra de contrainsurgencia, más aún, si el 10 de marzo pasado fueron puestos en libertad 15 involucrados más en la matanza de Acteal. Así nos queremos explicar todo […] A lo mejor conviene construir otros escenario donde los actores locales actúan sin importar lo que suceda a su alrededor.
Para ejemplificar con un ejemplo muy lejano a la realidad alteña de Chiapas, me parece que a los agresores de los marinos mexicanos en Polonia les valió un cacahuate toda la política internacional de ese país y sus relaciones con México. Los agresores solamente vieron la invasión de sus playas por unos hombres de baja estatura y de piel morena. De la misma forma que a los creyentes no católicos del ejido Puebla les valió magres el entorno político y la interpretación de la realidad en la que se soportó el retorno frustrado, tan es así, que les valió magres agredir al sacerdote tsotsil de Chenalhó.
A lo mejor conviene recordar la frase del genial Don Durito de la Lacandonia: “El problema con la realidad, es que no sabe nada de teoría” (Tercera parte de “Chipas: indios cristianos contra indios cristianos, a ser publicada en
Mirada sur).
Para tener un cuadro más amplio de las agresiones al párroco católico y sus acompañantes, quise tener una entrevista con él. Mis contactos concordaron en que no era buen momento para buscar esa conversación. Me explicaron que debía esperar uno o dos días más, ya no hubo tiempo para la espera porque debí regresar a la ciudad de México.
Expuse lo que sabía sobre lo acontecido en Puebla a un grupo de representantes de evangélicos hostigados y/o expulsados de sus comunidades por diferencias religiosas con la mayoría católica tradicionalista. Estaban en una reunión para analizar qué pasos seguir con el fin de que las autoridades estatales resuelvan su situación y no sigan dándole largas a concretar una salida de acuerdo al marco jurídico que garantiza la libertad de creencias. Me interesaba conocer su opinión, Hubo quien justificó las sanciones contra la comunidad católica, bajo la lógica de que así experimentaban de primera mano lo sufrido por los evangélicos durante tantos años. Otros manifestaron su desacuerdo con el anterior punto de vista, argumentaron que nunca deben ejercitarse acciones intolerantes ni contra los derechos humanos de quienes tienen distintas creencias religiosas.
Al momento de redactar estas líneas hay información sobre la salida del ejido Puebla de 13 familias católicas y dos familias evangélicas (más precisamente bautistas), que llegaron para refugiarse en Acteal.
Les mueve el temor a ser objeto de más violencia. El hecho de que en el contingente se encuentran dos familias de confesión protestante muestra que los evangélicos en Puebla no aprueban unánimemente las acciones emprendidas por el sector presbiteriano más agresivo. Es posible que surjan nuevas disidencias en el seno de la comunidad evangélica, entre quienes no están de acuerdo y desaprueban la intolerancia contra los católicos.
Finalmente, en las zonas indígenas de Chiapas existe una ominosa herencia del sabinato (el gobierno de Juan Sabines Guerrero, diciembre 2006-diciembre 2012) en materia de intolerancia religiosa. Hay casi cincuenta casos en los que las víctimas son evangélicos. Las asambleas comunitarias, como en el caso del ejido Puebla, pero al revés, les han impuesto sanciones de distinto tipo, incluso la expulsión. También está un caso en una localidad del municipio de Tumbalá, en donde presbiterianos buscan imponer su mayoría a los pentecostales y obligarles a realizar actividades con las que no están de acuerdo. Parece que el árbol de la intolerancia siempre está reverdeciendo, incluso en sectores que parecerían ser ajenos a ella.
Sería una buena muestra de congruencia por parte de quienes se han movilizado para solidarizarse y defender a los católicos del ejido Puebla, para que también hagan lo mismo con los evangélicos perseguidos en otras partes de la amplia geografía chiapaneca. Los derechos humanos son para todos y todas. Hay que dar la lid contra la intolerancia en cualquier terreno donde ella se presente. Desde todas partes hay que esforzarse para construir espacios sociales respetuosos de la creciente diversificación religiosa en las comunidades indígenas.
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