Despertar es un grito desesperado de alarma, un aviso ante un suceso inminente. Pero, ¿de qué tenemos que despertar?
La ley Anti sectas francesa levantó cierta polémica hace algunos años. Con ella se limitaba la expansión y predicación de los movimientos religiosos, con la intención de proteger a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes de los peligros de las sectas. Un hecho loable sin duda, pero que utilizado indiscriminadamente puede limitar y prohibir la enseñanza religiosa incluso de padres a hijos. Hace unas semanas nos enterábamos que el conservador Nicolás Sarkozy prohibía el rezo en la calle, la intención última de la ordenanza era cerrar las calles al culto musulmán, pero sin darse cuenta las demás confesiones estaban cercenando su libertad. Puede haber conciertos, marchas de todo tipo y condición, pero rezar, no por favor.
Francia es el modelo en el que se reflejan muchos de los países europeos y el patrón por antonomasia de los gobiernos “progresistas” españoles, pero, ¿Cuál es la otra alternativa? Los gobiernos conservadores españoles suelen favorecer el rezo en las calles, pero no en un plano de igualdad, dando preferencia a la Iglesia Católica. Un concejal del Ayuntamiento de Madrid hace unos años me decía en mi propia cara que no nos iba a dar permiso para ir al parque, porque las cosas religiosas se hacían dentro de los templos. Cuando le puse el ejemplo de las procesiones que el mismo preside, comentó que eso era un asunto cultural. Cuando le dije que lo nuestro también, contestó: ¿No se irán a comparar ustedes con la Iglesia Católica? Naturalmente que no, le dije. Lo hace la Constitución Española.
Mientras Europa toma un barco hacia la secularización total de la sociedad, en España muchos hacen los deberes, imitando a nuestros socios europeos. Los primeros de la clase son los miembros de la Generalitat de Cataluña. La ley 16/2009 garantiza la libertad de culto e incluso dice fomentar el desarrollo del mismo, pero hay dos puntos muy oscuros en su articulado. El primero es que a los locales para culto se les pide una licencia específica municipal, que no aparece en otros lugares de reuniones públicas como asociaciones. Por otro lado, el alcalde puede cerrar o abrir lugares de culto según su criterio. El Consejo Evangélico de Cataluña aplaudió la medida y la FEREDE denunció el peligro que podía haber al poner en manos de alcaldes, la apertura o cierre de locales de culto. Resultado. Hay concejales de Lleida, como la señora Marta Camps, que compara el cierre de templos evangélicos con el de prostíbulos y salas de fiesta. El caso no es único, hay más de veinte iglesias en Cataluña cerradas por disposiciones municipales. Imaginamos que el Consejo Evangélico de Cataluña está apoyando jurídicamente a dichas iglesias. Esperamos que en la conmemoración del 30 aniversario de la consejería alguien le comentara algo a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, o al del Director General de Asuntos Religiosos, Xavier Puigdollers, aunque tuviera que saltarse el protocolo.
Imaginamos que todos estos asuntos se presentarán ante la Comisión Asesora de Libertad Religiosa
[i]. En una ponencia pronunciada por Silvia Grau de hace tres años ya se hablaba de lo obsoleta que estaba la comisión, tres años después no parece haber cambios a la vista.
El Consejo Evangélico de la Comunidad de Madrid se unía a una manifestación organizada por COMIMA y la Alianza Evangélica Española; y un grupo amplio de pastores de las Asambleas de Dios. Una actuación loable, pero vuelvo a lanzar la pregunta del Manifiesto a los Protestantes Españoles. ¿Se puede hacer más? ¿Qué están haciendo otros consejos evangélicos antes los atropellos de la administración local o autonómica? ¿Para cuándo una acuerdo con la Federación Nacional de Municipios y Provincias? ¿Por qué los profesores de enseñanza religiosa evangélica tienen menos prioridad en el cobro de sus salarios que los de enseñanza religiosa? ¿Qué sucede con los capellanes del ejército? ¿Por qué en los funerales de Estado siguen siendo católicos? En definitiva, ¿Quién le pone el cascabel al gato? El actual gobierno no lo va a hacer, ya que ha metido en un cajón el proyecto de ley de Libertad Religiosa, pero el que viene seguirá favoreciendo a la religión mayoritaria o eso se prevé.
Tal vez, algún representante de dichos consejos podría informar sobre lo que se está consiguiendo a nivel autonómico, más allá de que nos permitan la entrada reglada a hospitales, cosa que se hacía con anterioridad. También cuales son las líneas de actuación de los próximos años. ¿Para cuándo cultos evangélicos en las televisiones autonómicas, muchas de las cuales pone misas de Navidad, Semana Santa, etc? Etc.
El acuerdo marco para capellanes de hospitales es positivo, pero los sacerdotes católicos ejercen este servicio con una dotación económica, además de un sueldo mensual de unos 465 € y los que se dedican a pleno tiempo casi 1000 euros. La solución una vez más es que nadie recibiera nada, pero si los católicos lo reciben, lo deben recibir todas las minorías. Lo que no es de recibo es que el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty dice que no hay dinero para el servicio. Pero lo más increíble es que eso se vea como un gran logro anunciado por bombo y platillo por Rafael Rodríguez-Ponga, responsable de relaciones institucionales del PP. Definiendo al gobierno de Esperanza Aguirre como: “Significa el reconocimiento de los derechos de las personas que profesan su fe en virtud de su propia libertad individual y que quieren ejercerla en los momentos decisivos de la vida”. La Comunidad de Madrid da a la Iglesia Católica cifras astronómicas en diferentes conceptos
[ii].
El Consejo Evangélico de Madrid logró evitar el cierre de varias iglesias durante el 2010, pero sin duda se puede hacer mucho más. Aunque aplaudo estas actuaciones y espero que tengan más efectividad durante el 2011. La mayoría de consejos de otras comunidades no están haciendo nada o muy poco.
También vemos algunos avances como la creación por parte de la FEREDE del Observatorio de Situaciones de Discriminación por Motivos Religiosos, para denunciar estas injusticias. Esperemos que la implantación de los Consejos Evangélicos termine con la impunidad de algunos políticos y los privilegios centenarios de algunas confesiones.
¿Para cuando una reunión con otras minorías religiosas, con el fin de abrir un frente común para reivindicar nuestros derechos?
¡Despertar! Es necesario que tomemos conciencia de los retos a los que nos enfrentamos. El permanecer callados ante la discriminación, la injusticia o la desigualdad no nos ayudará. Todos los partidos sin excepción permanecen indiferentes ante las desigualdades en materia religiosa y algunos favorecen descaradamente a la mayoritaria.
Las instituciones evangélicas, especialmente las interdenominacionales, deben mover y promover la libertad de conciencia y culto. Intentar integrar al mayor número de iglesias y servir de intermediarios con las autoridades, pero es deber de cada creyente el luchar por su libertad de expresar libremente su fe, convertirse en un modelo ético que glorifique al Dios en el que cree y beneficie a su prójimo. Unidos podemos más. Si las instituciones evangélicas se sienten solas ante estos hechos, pidamos, animemos y exijamos una intervención más rápida y contundente, con nuestra voz individual. Si no actuamos, cada vez se realizarán leyes más restrictivas para la práctica religiosa y la expresión pública de la fe. Despertemos. Es el momento de llevar las Buenas Nuevas a España.
[i] Una comisión presidida por el Director General de Asuntos Religiosos (DGAR), cuyos vocales son representantes de diferentes ministerios (unos ocho), nueve representantes de las confesiones, otro nueve elegidos por el DGAR
[ii] Las subvenciones de Comunidades Autónomas y entidades locales a organizaciones y asociacionesligadas a la iglesia católica, en algunos casos muy radicales e integristas, puede superar un montante demás de 100 millones de euros anuales en el conjunto del Estado. (A modo de ejemplo: la Comunidad deMadrid ha adjudicado en 2009 a diversas organizaciones la mayoría religiosas y antiabortistas 477.000euros para actividades de “salud pública y atender colectivos de especial riesgo” – Ver el País-Madrid: 10febrero 2010)
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