España: para la Iglesia católica no hay crisis

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, denunció el pasado mes de enero, cuando se discutían los dineros del Estado a la Iglesia católica, que los privilegios económicos a esta religión se salvan de los recortes que el Gobierno de Rajoy está imponiendo a gran parte de la población.

No fue el único en este tipo de denuncia.

La periodista Maruja Torres, en un artículo publicado en EL PAÍS SEMANAL (5-2-2012) titulado QUERIDOS AYATOBISPOS, escribía: “los cardenales, arzobispos y obispos de este país estarán contentitos con los 13.266.216,12 euros mensuales que les entregaremos este año de nuestros impuestos”.

PARA LA IGLESIA CATÓLICA NO HAY CRISIS, titulaba el diario PÚBLICO el 6 de enero último. Y en el mismo periódico, dos días antes: LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA SE SALVAN DE LOS RECORTES.

Juan G. Bedoya, redactor religioso del diario EL PAÍS (5-4-2012), apuntaba: “La Iglesia católica recibirá la misma cantidad que en los ejercicios anteriores de 2010 y 2011 pese al recorte en todos los capítulos. Así consta en una disposición final del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012”.

También en EL PAÍS (28-1-2012, un lector que firmaba Ángel Valles Garrido, se quejaba: “No he visto estos días en los medios ninguna respuesta a las denuncias que se le han hecho a la Iglesia católica sobre sus exenciones fiscales, su falta total de transparencia financiera y las propuestas de ajustes en su financiación…. La Iglesia católica va a ver incrementados sus ingresos este año en la misma medida que a nosotros nos llega un buen recorte del IRPF”.

En otro ámbito político, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Joan Josep Nuet, registró una iniciativa para que el Ejecutivo recorte a la Iglesia católica el 20% en subvenciones aplicado a sindicatos y a partidos políticos para luchar contra el déficit. En el texto, Nuet sugiere que “la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para luchar contra la crisis”.

No. No participará. Como no lo ha hecho en el pasado.

Un poco de historia.

El 3 de enero de 1979 se firmó en Roma una serie de Acuerdos destinados a regular las relaciones entre el estado español y el Estado Vaticano. Estos Acuerdos sustituían, en cierta medida, al concordato pactado en 1953 entre el general Franco y el Papa Pío XII.

El artículo II del Acuerdo sobre finanzas establecía que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. El mismo año el Estado español regaló a la Iglesia católica 6.794 millones de aquellas pesetas. Esta cantidad fue aumentada un 10% en 1980 y un 20% en 1981. El citado Acuerdo estatuía que a partir de 1982 se establecería el sistema de asignación tributaria, a decir, que el Estado prescindiría de sus regalos económicos y la Iglesia católica recibiría lo que los españoles quisieran darle marcando la casilla correspondiente en el impreso del IRPF.

La Iglesia católica no cumplió lo pactado. No se autofinanció en 1982 ni en los años que siguieron. El 28 de junio de 1988 el político vasco Juan María Bandrés presentó en la Mesa del Congreso una proposición no de ley en la que pedía la desaparición de la asignación tributaria a la Iglesia católica por parte del Estado. Un año después, el 11 de marzo de 1989, el entonces vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra dijo que los obispos españoles deberían “renunciar a las subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado”.

Nada de nada.

No hubo renuncia.

Ni entonces, ni en los años que restaban al siglo XX, ni en los que llevamos del siglo XXI. En enero del 2007 el Gobierno y los obispos, con el visto bueno del Vaticano, decidieron convertir en “estable” el procedimiento de financiación pactado en 1979 y reafirmado en 1988.

Lo expresó en palabras muy duras el hombre que fue ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de la democracia, José María de Areilza. Este vasco, católico profesante, decía que la Iglesia católica levanta pasiones “en cuanto se toca a sus puntos neurálgicos. Se divide la gente… despierta más odio que amores”. A continuación preguntaba: “¿No habrá manera de librar al país de esta intromisión perenne en la vida política que envuelve el edificio nacional?....¿Por qué la doctrina y el mensaje de Jesucristo tienen que acabar entre nosotros en esta lamentable confusión e injerencia?” (Véase José María de Areilza, DIARIO DE UN MINISTRO DE LA MONARQUÍA, Editorial Planeta, página 72).

No. No hay manera. Ningún presidente del período democrático consiguió suprimir la asignación económica del Estado a la Iglesia católica. No lo hizo Adolfo Suárez, ni los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco el derechista José María Aznar. Ni lo hará Mariano Rajoy. Políticos débiles. Miedo a la jerarquía católica todos ellos.

Este año, como queda escrito, desde diferentes medios y coincidiendo todos se ha dicho que la Iglesia católica recibirá 13.266.216,12 euros cada mes. Multiplicado por 12, este año de desgracia, con una crisis económica que está afectando gravemente a instituciones del Estado y a más de un millón de familias sumidas en la pobreza, la Iglesia católica recibirá del Estado español un agasajo de casi 16.000 millones de euros. Más los 248 millones que le entran por la casilla del IRPF. Más unos 600 millones que recoge en las misas dominicales. Más otros 200 millones en concepto de “sobrefinanciación”. Más las subvenciones que recibe de las comunidades autónomas. Más las partidas de los distintos ministerios para la financiación de capellanes militares, penitenciarios, hospitales públicos, convenios culturales, restauración de templos, patrimonio histórico, etcétera.

Lo ya dicho: “La Iglesia católica no sufre recortes este año” (Juan G. Bedoya).

“La Iglesia católica se salva de la crisis económica” (Jesús Bastante)