Hacia una España laica

El manifiesto destaca que la Carta Magna de 1978, junto a la Constitución republicana de 1931, representa “la más alta plasmación de la historia del pueblo español de su voluntad de vivir en un régimen democrático”.

A juicio del partido socialista en un momento en que el fenómeno migratorio está convirtiendo a la sociedad española en una sociedad multicultural, es preciso reafirmar “el principio constitucional de la laicidad”. Según el documento, “la laicidad se configura como un marco idóneo y una garantía de la libertad de conciencia donde tienen cabida todas las personas con independencia de sus ideas”. De acuerdo con el manifiesto elaborado por el PSOE, “los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos”, mientras que “la laicidad es el espacio de integración”.

La declaración del partido socialista tuvo efectos inmediatos. Colegios públicos de Zaragoza, Oviedo y Murcia decidieron suspender los festivales religiosos en la pasada Navidad como identificación con el laicismo en estos centros escolares. Según el director de uno de ellos, “la existencia de otras religiones entre el alumnado otorgaría un infundado privilegio a la Navidad”.

La medida dejó indiferente a la mayoría de los españoles y enfadó a unos pocos. El periodista Justino Sinova, hombre culto y curtido, de ideas liberales, entendió mal el manifiesto socialista. Lo calificó de “ataque a la religión”. “Nuestra ley fundamental –escribió- no quiere la eliminación de la religión por el Estado sino su consideración como objeto de un derecho de la persona y una manifestación de su libertad” (El Mundo 11-12-2006).

¿Dónde, en qué lugar del documento se ataca a la religión? ¿Cuáles son los párrafos, si es que existen, que aboguen por la eliminación de la religión por el Estado? ¿Puede un partido político, del signo que sea, excluir la religión del ámbito de la persona? ¿Lo hizo Azaña con su famoso grito “España ha dejado de ser católica?”. Si una declaración de laicismo tiene fuerza para que el que cree deje de creer, muy débil es la creencia, señor Sinova.

La jerarquía católica, como era de esperar, se sumó a la alarma y disparó las críticas. Dijo del documento que era un proyecto para imponer el laicismo como religión del Estado, describiéndolo como “antesala del totalitarismo”. El obispo de Navarra, Fernando Sebastián, quien tiene “la sensación de que el laicismo beligerante nos acosa por todas partes”, añadió que “los perfiles del laicismo provoca que la gente esté más desinteresada ante los mensajes de la Iglesia”. En el mismo sentido se pronunció el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, al denunciar “el intento de imponer casi como principio incuestionable un laicismo beligerante contra lo religioso”. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, aconsejó al partido socialista que se piense mejor el manifiesto sobre CONSTITUCIÓN, LAICIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.

Interviniendo en el tema, un editorial del diario EL PAÍS señalaba que resulta llamativo que los obispos denuncien el supuesto proyecto de imponer el laicismo como religión de Estado, cuando por su parte exigen que la materia escolar de religión sirva de catequesis católica imperativa. “También sorprende que la Conferencia Episcopal eleve la unidad de España a categoría de bien espiritual obligatorio para todos los ciudadanos, cuando los propios obispos no han sido capaces de obtener la unanimidad alrededor de un simple documento”, añadía EL PAÍS.

Uno de los redactores –se supone- del manifiesto del PSOE, el diputado socialista Victorio Mayoral, gran impulsor y defensor del laicismo en España, elevaba la cuestión a la máxima instancia. Pedía un Estatuto de Laicidad que desarrolle aspectos sustanciales de la Constitución y garantice la neutralidad ideológica y religiosa en el funcionamiento de las instituciones. Esto es lo que no quieren los obispos españoles. Y esto es lo que sí queremos la mayoría de los españoles, según revelan las encuestas existentes.

En una entrevista concedida al semanario ALBA, Mayoral dejaba claro que su idea de laicismo “no implica luchar contra el hecho religiosos. Además –añadía- no tiene sentido, dada la multitud de creencias que hay”. Reconocía que la religión católica tiene en España un número de fieles sensiblemente superior al resto de confesiones, pero, argumentaba, “la Constitución Española no puede establecer en un Estado no confesional o laico un principio de desigualdad de trato, a pesar de que la religión católica sea sociológicamente mayoritaria”.

Al hecho constitucional se acercaba también Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid. Tamayo cree que la propia Constitución puede incurrir en contradicción en el Artículo 16:3, cuando tras afirmar que ninguna religión tendrá carácter estatal, a renglón seguido cita expresamente a la Iglesia católica. Para Tamayo, “el Estado laico es el marco político y jurídico más adecuado para el respeto del pluralismo ideológico, para el reconocimiento de la libertad de conciencia y para la protección de libertad religiosa”.

España va hacia un Estado laico, lo cual es bueno. Bueno para el Estado, que se libra de una religión dominante. Bueno para el pueblo, que sacude sin miedos todas las supersticiones religiosas y se acerca a Dios a través de un cristianismo limpio. Bueno para la misma religión, obligada a enfrentarse a la increencia con medios exclusivamente espirituales. La religión del porvenir no puede ser la de la Edad Media. Cuando la Iglesia católica se queja hoy de que el laicismo está invadiendo su territorio, en realidad está expresando el miedo a la dominación que se le va. Y ¡ay! De la Iglesia si se pone en oposición a esa necesidad irresistible de laicismo que tiene la España moderna.