Si la transición política se llevó a cabo después de cuarenta años de dictadura, a la transición religiosa precedieron cinco siglos de intolerancia, despotismo y totalitarismo católico.
¿Cuándo empieza realmente la transición religiosa en España? Se han señalado dos fechas, unidas a otros dos importantes acontecimientos: La Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Que ambos eventos fueron decisivos en la configuración del Estado democrático y en la definitiva, o casi definitiva proscripción de la intolerancia religiosa, nadie lo duda.
Pero, en mi opinión, la transición religiosa inició su andadura en España cuando el 26 de junio de 1967 las Cortes españolas aprobaron por mayoría la Ley 44/1967 regulando el derecho civil en materia religiosa. Si es verdad que aquella Ley no contemplaba la libertad religiosa en su totalidad, verdad es también que reconocía a los evangélicos una serie de derechos que les permitían emerger de las catacumbas a una atmósfera exterior más respirable.
La transición religiosa, pues, que se inicia en 1967 alcanza su culminación en 1992 con la firma de Acuerdos de Cooperación entre el Estado y las iglesias inscritas en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
¿Qué ocurrió para que una España dominada por la jerarquía católica, reconocida y apoyada por un Estado cuyo jefe se declaraba católico “por la gracia de Dios”, permitiera una transición religiosa de tal envergadura? ¿A qué se debieron los cambios que tuvieron lugar a lo largo de veinticinco años? Entre los factores determinantes hay que destacar, a mi juicio, cuatro.
En primer lugar estuvo la presión ejercida en el interior del país por los propios evangélicos. Después de la guerra civil no había más de 20.000 en toda la nación. Pero aquí se quedaron. No huyeron, no se exiliaron, como ocurrió con afiliados a ideologías políticas perseguidas por el régimen.
Aunque pocos en número, los evangélicos constituían una levadura en constante fermentación dentro de la masa española. Los protestantes existían, protestaban, planteaban problemas. Se imponía una solución política. Los filósofos Julián Marías, Pedro Laín Entralgo, José Luís López Aranguren y el ex ministro de Franco Joaquín Ruiz Jiménez, admitieron el hecho en sendos artículos publicados en el diario A.B.C. en junio de 1967 y pidieron que el Estado abriera los ojos a la realidad y la fuerza del protestantismo.
En segundo lugar hay que conceder importancia a la presión exterior. En la década de los 50 Franco estaba sumamente preocupado por ganarse el apoyo internacional. Existían dos importantes razones para ello: La consolidación del régimen y la obtención de ayuda económica. El general tenía puesta su mirada en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero estos países reprochaban a Franco la falta de libertad religiosa en España.
Líderes evangélicos del interior informaban a las embajadas extranjeras cuando podían y como podían sobre la discriminación a la que eran sometidos miembros de las iglesias. Con información facilitada por la Comisión de Defensa Evangélica y otras fuentes del interior, quien esto escribe publicó en 1958 un libro clave: DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES. Este libro, que sería enviado a las principales embajadas acreditadas en Marruecos y en España, describía con exactitud de datos la intolerancia practicada por los gobiernos de la dictadura contra los protestantes.
En el verano de 1967 José Cardona, secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica, fue invitado a exponer la situación de los evangélicos españoles en una importante reunión que el Consejo Mundial de Iglesias celebró en Upsala, Suecia. La intervención escrupulosamente documentada de Cardona causó sorpresa e indignación en medios internacionales. En cuanto regresó a Madrid fue convocado al ministerio de Asuntos Exteriores. Su titular, José María Castiella, le reprendió con tono severo: “Lo que usted ha hecho y sigue haciendo es sumamente grave –espetó a Cardona-. Está usted facilitando a la prensa internacional informaciones que yo dudo personalmente que tengan fundamento alguno y que sean verdad. Si fuera cierto lo que usted dice por ahí, yo, como español y como católico, sería el primero en lamentar y sentirme avergonzado de que esto ocurriera”.
Castiella tuvo la oportunidad de comprobar la veracidad de los hechos expuestos por Cardona. Al propio tiempo pidió a través del Consulado español en Tánger el envío de cinco ejemplares del libro DEFENSA DE LOS PROTESTANTES ESPAÑOLES.
Un tercer factor que decidió la transición religiosa en España fue, sin duda, la incipiente apertura política del régimen franquista. Además de Castiella, otros dos ministros que estaban en su línea, Manuel Fraga Iribarne y José Solis Ruiz, empeñados en lavar la cara al duro régimen de Franco, manifestaron públicamente sus simpatías hacia los evangélicos. Fraga escribió para el diario A.B.C. de Madrid varios artículos abogando a favor de una apertura religiosa en España.
Finalmente, la declaración vaticana del 8 de diciembre de 1965 sobre libertad religiosa pudo haber influido en el ánimo del católico jefe del Estado y de sus ministros. Aquella Declaración, dada a conocer con el nombre “Dignitatis humanaes”, fue aprobada por 2.308 votos a favor, 70 en contra y 19 abstenciones. Los votos contrarios fueron todos de obispos españoles e hispanoamericanos.
La dictadura religiosa ejercida a lo largo de tantos siglos perdió su imperio sobre los ánimos cuando se enterraron los fanatismos y se inauguró un proceso de transición hacia la libertad. El juicio, la razón y el derecho acabaron triunfando sobre la apología de la esclavitud.
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