FEREDE-Estado: Acuerdos de 1992

Una vez constituida la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) en noviembre de 1986, reconocida por el Estado e inscrita en el ministerio de Justicia, se iniciaron inmediatamente las negociaciones para la firma de Acuerdos entre las iglesias allí representadas y las instituciones del Estado. El equipo evangélico que abrió el período de conversaciones estuvo compuesto por Juan Gili, José Cardona, Juan Antonio Monroy, Daniel Basterra, Samuel Pérez, Eliseo Vila, Arturo Sánchez y Antonio Martínez.

Las negociaciones iniciales entre representantes del Estado y de la FEREDE se prolongaron a lo largo de tres años. El 21 de febrero de 1990 se aprobó una primera redacción del texto. Ocupaba entonces la cartera de Justicia Enrique Múgica, quien firmó como titular del ministerio, al que había correspondido todo el proceso de elaboración y negociación.

Los encuentros duraron dos años más. El 28 de abril de 1992 Tomás de la Quadra, quien había sustituido a Enrique Múgica al frente de Justicia, convocó en su despacho a los miembros de la comisión negociadora de la FEREDE, con Juan Antonio Monroy como presidente de turno, y se procedió a la firma definitiva del texto de los Acuerdos, previamente aprobado por el Gobierno en consejo de ministros.

El próximo paso fue el Congreso de los Diputados. Algunos líderes evangélicos vaticinaron que los Acuerdos serían discutidos interminablemente y acabarían siendo rechazados por diputados de la oposición afines a la Iglesia católica. Se equivocaron. Ocurrió lo contrario. El ministro de Justicia tuvo la afortunada idea de presentar los Acuerdos al Congreso en un solo bloque, para evitar una engorrosa discusión de artículo tras artículo. El 17 de septiembre de 1992 había en el palacio de Congresos 267 diputados, en la sesión de la mañana. De éstos, 266 votaron a favor de los Acuerdos. Hubo una sola abstención, alguien que salió en aquél preciso instante a tomar café o simplemente equivocó el botón pulsador.

En su discurso de presentación, el titular de Justicia, Tomás de la Quadra, dijo: “Pido el voto de la Cámara para este proyecto de Ley y lo hago con la conciencia de que más allá de la letra de la ley y de los convenios estamos dando un paso singular e importante en nuestra historia, estamos recapitulando antiguos errores, estamos llevando adelante el cumplimiento de derechos y libertades fundamentales que han de constituir, en todo caso, su satisfacción, en beneficio para todos, no sólo para los fieles de una de las confesiones, como a primera vista pueda parecer, sino en beneficio del Estado, para España en su conjunto”.

En su turno de palabra, el representante del Grupo Popular, principal partido en la oposición, Jordano Salinas, justificó el voto favorable de su formación “en aplicación de nuestra profunda convicción del principio de libertad religiosa …mucho más cuando se trata, como en este caso, de salvaguardar algo tan íntimo y sagrado como las creencias religiosas, que afectan a lo más profundo de la conciencia de cada ciudadano”.

El último diputado en hablar aquella mañana ante el Congreso fue el representante socialista, partido entonces en el Gobierno de España, Cuesta Martínez. En un discurso que recordaba a Emilio Castelar, Cuesta Martínez se manifestó así: “Cerramos hoy definitivamente cinco siglos de intolerancia religiosa. Atrás quedan los tiempos del Estado confesional anclado en la idea medieval de la cristiandad del siglo XVI o del carácter legalista del siglo XVIII. Atrás dejamos preceptos constitucionales como aquella declaración del artículo 12 de la Constitución de 1812: “La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera”. Desde la Constitución de 1978 y con la aprobación de estos Acuerdos mediante la Ley, España vuelve a ser desde el punto de vista jurídico lo que ya era desde su esencia y realidad fáctica: cruce de culturas, síntesis de creencias, convivencia de ideas”.

Ningún orador evangélico lo habría dicho con más contundencia y claridad.

Tras la aprobación por parte de los miembros del Congreso el texto de los Acuerdos pasó al Senado el 16 de octubre. En la Cámara baja el aplauso fue unánime. El Boletín Oficial del Estado, en su número 272 y fecha del 10 de noviembre difundió el contenido de los Acuerdos, convertidos en la Ley 24-1992.

El texto íntegro de tales Acuerdos contiene doce artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final única. Iniciados por una “Exposición de motivos”, los artículos tratan, respectivamente, estos temas: De las entidades destinatarias; de los lugares de culto; del ministro de culto; del ministro de culto y el servicio militar; del ministro de culto y la seguridad social; del ministro de culto y sus fines; del matrimonio confesional; de la asistencia religiosa en las fuerzas armadas; de la asistencia religiosa en centros públicos; de la enseñanza religiosa; del régimen fiscal y del descanso laboral. La disposición final única “faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Justicia y, en su caso, conjuntamente con los Ministerios competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo”.

José Cardona, prominente figura del protestantismo español a lo largo de medio siglo, secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa y luego de la FEREDE en su primera etapa, diría diez años después de aquél 10 de noviembre de 1992: “Los Acuerdos de las Iglesias con el Estado no han tenido el desarrollo y plenitud que ellos mismos comportaban, pero hicieron practicable la libertad y la convivencia”.