El caso «De Juana Chaos»

Lo primero que, en mi opinión, destaca en todo este proceso es el contraste entre la firmeza e inmutabilidad de De Juana, expresadas en su huelga de hambre, y los continuos zigzags del Estado. De Juana sabe lo que quiere y adónde va, hasta el punto de que no se va a contentar con el tercer grado penitenciario sino que va a recurrir al Tribunal Constitucional, mientras que el Estado da la impresión, ante los cambios de actitud y las divisiones de criterio en su seno, de no tener claro qué hacer con esta ‘patata caliente’ que tiene entre manos. Un ejemplo de este vaivén estatal estaría ejemplificado en la Fiscalía, que primero solicitó noventa y seis años por los artículos que De Juana escribió en la cárcel para el diario Gara, luego rebajó la pena a doce y finalmente ha aceptado cuatro años.

Otro ejemplo sería la profunda discrepancia entre la sentencia de la Audiencia Nacional por la que el etarra era condenado a doce años, al considerar que los artículos de De Juana contenían amenazas terroristas, y la del Tribunal Supremo que la ha rebajado a tres, al considerar que sí contenían amenazas pero no terroristas. La diferencia entre ambas sentencias no es sólo cuantitativa en años de cárcel sino cualitativa, porque por la primera el preso tendría que seguir cumpliendo condena varios años más, lo que daría tregua a buscar nuevos argumentos en su contra, y por la segunda está ya con un pie en la calle. La división en la clase política es patente, al haber unos partidos que defienden la inmediata puesta en libertad del preso, otros que desean vehementemente que no salga en libertad y otros que prefieren quedarse en una especie de limbo, para no pillarse los dedos. Parece ser que los ciudadanos son los que tienen más claro la postura a tomar: las estadísticas muestran que los que no quieren ver a De Juana en libertad son una holgada mayoría.

Lo que es evidente es que, con la ley en la mano, De Juana debe salir en libertad. Y aquí es donde está, por una parte, lo escandaloso y, por otra, lo embarazoso. Escandaloso porque ¿cómo se concibe que 25 asesinatos se salden con 20 años de cárcel? Embarazoso porque ¿cómo no poner en libertad a alguien que ha cumplido la condena que la ley exigía? Y así hemos llegado al punto en el que nos encontramos, en el cual, con la respiración contenida, unos aguardan para recibir como un héroe a De Juana, otros deplorarán como traición su puesta en libertad, otros buscarán alguna manera de explicar lo inexplicable y hasta puede que haya alguien que ya está barruntando la manera de tomarse la justicia por su mano. Así pues, en De Juana Chaos se materializan todas las pasiones de España. Pero no solamente sus pasiones; también sus contradicciones.

Porque ¿no es una flagrante contradicción que la legalidad vaya por un lado y la justicia por otro? Si es legal que una persona con el currículum del etarra salga en libertad, ¿se puede llamar justa a tal legalidad? Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión: hay legalidades que son injustas y hay injusticias que son legales. Claro que en la óptica del etarra la legalidad injusta es otra bien diferente: la del Estado español que no reconoce el derecho a la autodeterminación del País Vasco. Pero como para combatir esa supuesta legalidad injusta ha matado a inocentes, eso mismo le descalifica.

Pero volviendo al asunto de las legalidades injustas y de las injusticias legales, hemos de reconocer que tenemos la justicia y la ley que nosotros mismos nos hemos otorgado. Porque, una vez más, hay que recordar que no son los jueces los que hacen las leyes sino los que las aplican. Las leyes se elaboran en el Congreso y el Congreso es la expresión de la voluntad popular. Luego las leyes son lo que los ciudadanos han querido que sean. De manera que así llegamos a la gran contradicción en la que nos encontramos: nos indignamos (debido a su manifiesta injusticia) por algo a lo que nosotros mismos hemos dado carta de legalidad.

De Juana Chaos no es el primero ni será el último que, con delitos de sangre, saldrá a la calle tras cumplir una pena de unos cuantos años de cárcel. ¿Cuántos asesinos no terroristas viven hoy libremente en España tras haber cumplido quince años de cárcel por sus crímenes? Algunos. ¿Por qué, vez tras vez, la indignación de los familiares de sus víctimas no tuvo eco alguno en la opinión pública? Porque son casos sin apenas repercusión global y sin ninguna vertiente política; casos en los que la supervivencia del Estado no está en juego. Y sin embargo, en términos del valor de la vida humana, son crímenes iguales que los que pueda cometer cualquier terrorista.

Parece, pues, que estamos ante una legalidad injusta también aquí, aunque no se trate de casos notorios. Por lo tanto, haber dado por bueno que los crímenes no terroristas se salden con quince años (o menos) de cárcel, es la base de que ahora estemos como estamos con los crímenes terroristas de De Juana Chaos.

Los jueces de la Audiencia Nacional, conscientes de la injusticia que suponía la legalidad de dejar a De Juana en libertad, buscaron triquiñuelas y resquicios a los que agarrarse para que siguiera en la cárcel. Pero al hacer eso, estaban bordeando, si no adentrándose, ellos mismos en la ilegalidad. El Tribunal Supremo, con su sentencia, ha venido a reconocer implícitamente eso.

Sí, al final lo que está en juego no es el futuro de De Juana Chaos sino el concepto de justicia. Un concepto fundamental. Por eso es imprescindible que jueces, gobernantes y pueblos seamos instruidos en el concepto de justicia que se encuentra en el Libro que sentó las bases de una civilización que, por haberlo dejado a un lado, está sumida en grave peligro.