EpC: resoluciones del Tribunal Supremo

Con todo, cabe la posibilidad –aunque se trata de una conjetura– de que la ministra Cabrera creyera que los magistrados acabarían dando la razón al gobierno y por eso se adelantara a grabar un video señalando el contenido de la sentencia dos días antes de que ésta se dictara. Lo cierto es que, al final, los magistrados del Tribunal Supremo, en algún momento decidieron llegar a una solución de compromiso que impidiera la objeción –y así salvara la cara del gobierno de ZP– y, sin embargo, también impidiera el adoctrinamiento que pretendía el gobierno socialista dando así un respiro a los padres.

El resultado, al fin y a la postre, fue notablemente positivo. Los objetores contra la EpC podían considerarse en no escasa medida de enhorabuena. Había soñado la ministra Cabrera -y con ella el gabinete ZP– que el alto tribunal no sólo negara la posibilidad de objetar sino que además entonara las loas de la asignatura y obligara a cursarla sumisos y con las orejas gachas. Confiaba en una victoria aplastante que le permitiera aniquilar completamente al adversario. El resultado fue muy distinto.

De entrada, las sentencias del Tribunal Supremo rechazaban la objeción en los términos planteados en los cuatro recursos examinados, pero no indicaban la imposibilidad de objetar sobre la base de motivos jurídicos diferentes a los formulados. Además –y esto resulta esencial- por encima de todo, negaban la legitimidad del Estado para adoctrinar, incluso de manera indirecta, a una sociedad valiéndose de visiones que no estén aceptadas unánimemente por toda la sociedad.

Aún más importante es que en las sentencias, esa prohibición de adoctrinar no queda restringida al ministerio de educación sino que se hace además extensiva a profesores, autoridades educativas locales e incluso editoriales.

Por si todo lo anterior fuera poco, la prohibición de dotar de esos contenidos a una materia no queda limitada a la asignatura de EpC, sino que se amplía a cualquier otra. En otras palabras, las sentencias abren la puerta a recurrir incluso contenidos de materias como la Historia.

Por utilizar un símil militar, la ministra Cabrera no sólo no ha aplastado a los rebeldes sino que éstos además cuentan con infinidad de posibilidades tácticas para desangrar la política adoctrinadora de ZP hasta que se desplome. Y es que los golpes contra el gigantesco y colectivo lavado de cerebro que implica la EpC ya no se dirigirán sólo contra el ministerio de Educación sino también contra profesores, colectivos o editoriales que pretendan adoctrinar a los niños sobre las bondades de la tontiloca ideología de género, los delirantes supuestos del lobby gay o los principios de la cultura de la muerte. Ninguno de esos tres aspectos – podrían mencionarse más – pueden ser inculcados o traducidos en textos porque no cuentan ni con respaldo constitucional ni mucho menos con un consenso unánime de los ciudadanos. Por añadidura, no sólo la EpC sino también otras asignaturas podrán ser sometidas a un escrutinio riguroso para evitar el adoctrinamiento. De hecho, cuando se escriben estas líneas ya se han iniciado las acciones legales contra algunos de los libros de texto de EpC en circulación. Y eso es sólo el inicio.

Sobre la base de esas resoluciones son más de seiscientas asociaciones y cerca de sesenta mil objetores los que a día de hoy están movilizados contra los textos adoctrinadores, los poderes adoctrinadores y los profesores adoctrinadores. Prestarán asesoramiento jurídico y ayuda gratuita a los que quieran sumarse a la lucha por la libertad y en las próximas semanas llevarán ante los tribunales, sin permitirles un respiro, a docentes, funcionarios y editoriales que incumplan las resoluciones del Supremo.

Pero además, por si todo lo anterior fuera poco, los padres objetores tienen intención de continuar la batalla legal en el Tribunal Constitucional y de ahí, si el resultado no es favorable, ir hasta el Tribunal europeo de Derechos Humanos donde existe ya jurisprudencia que avalaría su posición frente a las posiciones sostenidas por el gobierno de ZP.

La lucha contra una asignatura como la Educación para la Ciudadanía -que no pasa de ser un instrumento confeso de adoctrinamiento moral en unos principios que no sólo son anticristianos sino contrarios a cualquier moral natural– es una de las más nobles que puede emprender a día de hoy un padre precisamente porque es en defensa de la libertad y de sus hijos. Me atrevería incluso a decir que para los evangélicos tiene un significado especial. Durante décadas, en España nos enfrentamos a un adoctrinamiento de carácter católico que pretendía imponer una moral en muchos puntos coincidente, pero, en otros, radicalmente distinta. Lo hicimos convencidos de que nadie, absolutamente nadie, puede imponernos la enseñanza moral que teníamos que dar a nuestros hijos. No veo razón alguna válida para haber mantenido esa resistencia en el pasado y mantenernos de brazos cruzados, cuando no complacientes o al menos sumisos, frente a un adoctrinamiento dirigidos contra criaturas que señala que los matrimonios homosexuales son una conquista social, que el aborto es un avance progresista o que el cristianismo es, a diferencia del Islam, una religión oscurantista.

Tanto entonces como ahora mantener esa posición no será una tarea fácil, pero, a mi juicio, resulta ineludible. En Gran Torino, la última película de Clint Eastwood, cuando el protagonista entrega a un joven amigo oriental una medalla militar y éste le pregunta porque se la dieron, se limita a responderle: “Porque conocíamos el peligro y aún así fuimos”. Pocas frases podrían definir mejor la actitud de los padres objetores que esa frase. Conocemos el peligro y aún así vamos. Porque es nuestro deber como cristianos. Por nuestros hijos. Por la libertad de todos.

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	1		EpCiudadanía: los antecedentes
	2		EpC: objeción y primeras sentencias